Las comunidades ‘rebeldes’ insisten en que desoirán las órdenes de Sanidad para verano

El llamado documento de «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19» de Sanidad salió adelante con el apoyo de las comunidades afines al Ejecutivo central, el voto en contra de Madrid, Andalucía, Murcia, Cataluña y Galicia y la abstención de Castilla y León, Melilla y Euskadi, que se negó incluso a participar en los debates. A pesar de que los gobiernos de las comunidades que representan a cerca de 31 de los 47 millones de españoles (o sea las dos terceras parte de la población del país) no apoyaron el texto, este jueves Carolina Darias insistió en que considera que esa instrucción debe ser cumplida por todos los territorios por mucho que no fuera una resolución unánime. «El consenso es imposible, porque digamos lo que digamos siempre va a haber comunidades en contra», apuntó.

Para defender la imposición del acuerdo a las comunidades 'rebeldes', Darias hizo su particular lectura del inexistente sistema de votación en el Interterritorial, donde legalmente solo se prevén acuerdos por «consenso». Así defendió este jueves el sistema de un territorio un voto, igualando el peso de Ceuta (84.000 habitantes) o Melilla (87.000) con el de las comunidades más pobladas de España como Andalucía (8,4 millones), Cataluña (7,7 millones) o Madrid (6,7 millones). Con ese planteamiento tachó de «minoría» a las comunidades que se opusieron al acuerdo o se abstuvieron frente a las «once de ellas que votaron a favor».

La ministra dijo esperar que esta polémica no acabe en los tribunales porque «la judicialización es el último paso en la política» pero no descartó que el Gobierno central acabe denunciando a las comunidades que se nieguen a aplicar un protocolo que, entre otros aspectos, obligaría a las autonomías a prohibir a las terrazas recibir clientes a partir de la medianoche, a cerrar los establecimientos de hostelería a la una de la madrugada o impediría abrir el interior de los locales en zonas con una incidencia superior a 150.

Miquel Iceta y la vicepresidenta Carmen Calvo fueron más rotundos que Darias. Ambos sí que recordaron que el acuerdo, según el Ejecutivo central, es de «obligado cumplimiento» para las autonomías e, incluso, el ministro de Administraciones Públicas avisó que a las autonomías ‘rebeldes’ este viernes «verán negro sobre blanco» el protocolo tras su publicación en el BOE, en el que Sanidad tiene previsto incluir la ya famosa coletilla del «obligado cumplimiento».

Entre tanto, esos gobiernos regionales 'díscolos' un día después del Interterritorial siguieron ahondando en la brecha con Sanidad. Todos se mantuvieron en sus trece y se negaron a prometer fidelidad a la propuesta de Darias. Incluso hubo anuncios de desobediencia al acuerdo, por entender que ni la Administración central ni un CSINS -que no fue concebido como un órgano legislativo ni tiene siquiera un sistema de votación definido o proporcional- pueden imponer normas de actuación a las autonomías sin la vigencia de un estado de alarma.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue tajante: «No estamos en rebeldía. Simplemente no ha habido unanimidad y no estamos obligados a cumplirlo». «Tratan de tapar lo que ocurre, los indultos, las subidas de impuestos y lo hacen tomando medidas por imposición o con mentiras», dijo. El lehendakari, Iñigo Urkullu, por su parte denunció que el acuerdo es una «invasión de competencias» y que Euskadi «seguirá su propia hoja de ruta» y mantendrá las medidas actualizadas el pasado lunes por las instituciones vascas.

«El mismo Gobierno que dejó la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas y renunció a coordinar durante lo peor de la pandemia, nos quiere limitar ahora el proceso de apertura. No debemos cometer ese error», escribió el presidente Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El vicepresidente castellanoleonés, Francisco Igea, anunció que su Ejecutivo recurrirá a los tribunales en el caso de Sanidad trate imponer el acuerdo a las comunidades. Y en similares términos se manifestó vicepresidente andaluz, Juan Marín, que dijo que la Junta no acatará estas normas por tratarse de un «invasión de competencias brutal» por parte del Ministerio de Sanidad.