Sánchez pone a Marlaska al frente de la crisis del coronavirus

El decreto que detalla la aplicación del estado de alarma para hacer frente a la pandemia convierte a Grande-Marlaska, de 'facto' en el número 2 del Ejecutivo mientras dure el actual estado de emergencia, según admiten los responsables de Moncloa.

El ministro del Interior no solo pasa a ser el miembro del Gobierno con más funcionarios a su cargo de todo el país, sino que tendrá mando sobre los trabajadores de la administración de los sectores más delicados para la seguridad nacional, exceptuando los sanitarios.

A partir del lunes, Grande-Marlaska ordenará sobre más de 400.000 funcionarios: los 169.000 adscritos a Interior (entre ellos policías nacionales, guardias civiles y efectivos de Protección Civil), los 132.000 miembros de las Fuerzas Armadas; los 17.000 mossos, los más de 8.000 ertzaintzas, los cerca de 1.000 forales navarros y los casi 70.000 policías locales de toda España.

Nunca antes –ni siquiera en la época de los ministerios de Gobernación franquistas- un ministerio había controlado tan importante número de funcionarios de sectores tan estratégicos.

Aunque el real decreto reparte, en teoría, funciones entre otros tres ministerios además de Interior (Defensa, Transportes y Sanidad), el texto reserva a Marlaska la labor de coordinación de las cuestiones más delicadas de seguridad nacional. Y sobre todo, deja claro que las policías autonómicas «quedan bajo las ordenes directas del titular del Ministerio del Interior», quien no solo podrá marcar las líneas maestras de los Mossos o Ertzaintza, sino temas muchos más concretos como «imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza». La dependencia directa (que no coordinación) de los cuerpos autonómicos de Grande-Marlaska desató las inmediatas críticas de los gobiernos catalán y vasco que vieron en el decreto un «155 encubierto».

De acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa Nacional, el decreto recoge la posibilidad de «requerir la actuación de las Fuerzas Armadas». Si el Ejército finalmente debiera ser movilizado para actuaciones de seguridad ciudadana –explican desde el Gobierno- las órdenes emanarían directamente también desde Interior en todo lo que tuviera que ver con el orden público y cumplimiento de las medidas de restricción de movimientos de la ciudanía.

En la práctica, los más de 400.000 funcionarios bajo las órdenes de Grande-Marlaska (incluidos los militares llegado el momento) serían todos los «agentes de la autoridad» de los que dispondría el aparato del Estado para hacer cumplir por la fuerza las drásticas medidas de este estado de alerta. Esos «agentes de la autoridad», recoge el texto, «podrán practicar las actuaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas».

El real decreto, además, encomienda a Grande-Marlaska la garantía de aplicar algunas de las medidas esenciales para que España pueda seguir funcionado con relativa normalidad a pesar de la situación excepcional. Será el ministro del Interior el encargado de decidir el«establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos».

Grande-Marlaska, llegado el momento, también sería el competente en movilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las Fuerzas Armadas para la intervención de empresas o servicios.