Podemos denuncia ante la Fiscalía la gestión de siete hospitales públicos madrileños

Los contratos, que datan del Gobierno de Esperanza Aguirre, encargan a empresas privadas la prestación de todo tipo de servicios en estos hospitales a excepción de los sanitarios, que corresponden a la dirección del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Entre otros asuntos, los diputados de Podemos han denunciado la «opacidad y la arbitrariedad» al establecer el canon que la Comunidad de Madrid abona anualmente a las empresas concesionarias« de estos centros, lo que »puede suponer un delito de prevaricación«.

Para los parlamentarios, podría haber también una malversación de los fondos públicos por el «abusivo abono» de este canon, así como posible «fraude» y «tráfico de influencias».

«Las empresas gestoras de estos hospitales han llegado a obtener beneficios de hasta el 40 % mientras el Gobierno del PP ha practicado recortes en la sanidad pública madrileña alegando que no había dinero», ha señalado la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta.

La portavoz ha dicho que desde Podemos han pedido que el Gobierno regional remita los contratos al Tribunal de Cuentas para ser auditados.

Además, ha instado a negociar con las empresas concesionarias «un nuevo equilibrio económico para que obtengan un menor beneficio» y a desglosar el sistema de pago «para acabar con el oscurantismo y la opacidad que rodea a la ejecución de estos contratos».

En la denuncia, los parlamentarios de Podemos señalan que el canon que cobran las empresas ha aumentado un 47 % desde que comenzaron a ejecutarse los contratos en 2007 hasta los presupuestos de 2018 «sin que ni la actividad ni los recursos sanitarios ofrecidos por estos hospitales se hayan visto modificados».

«Es más, en algunos casos, ni tan siquiera se han introducido las mejoras previstas en los propios planes funcionales de cada uno de los hospitales», añaden.

Los diputados de Podemos también han alertado sobre el hecho de que el seguimiento de los contratos para el pago a las sociedades concesionarias está externalizado con la empresa Hill Internacional, que «presta sus servicios de consultoría a las propias constructoras y bancos a los que tiene que controlar».

«Difícilmente una empresa que comparte objetivos con las sociedades concesionarias podría ser la que ejerce el control de las mismas», han sostenido.