¿Vacunas para todos y sin desigualdades?

Las enormes diferencias en la lucha contra la pandemia han hecho saltar todas las alarmas. Hace diez días, el presidente norteamericano, Joe Biden, se sumaba a una propuesta del pasado octubre liderada por India y Sudáfrica para suspender temporalmente las patentes que dominan el mercado farmacéutico, en un intento desesperado por aumentar la producción de viales y acelerar un proceso que deja al margen a los más desfavorecidos.

La medida deberá someterse ahora a debate en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) –el ámbito de decisión aquí no es la OMS, sino la misma ventanilla por la que pasa la última zapatilla de Nike o un moderno robot de cocina–. Y no es nueva. De hecho viene recogida en la Ley de Patentes, que contempla su suspensión temporal cuando una tecnología necesaria para la salud pública tenga una capacidad limitada de fabricación, distribución o explotación, facultando a los gobiernos a que la sometan al régimen de licencias obligatorias para que empresas distintas a la titular la exploten. Países como Brasil e India ya la aplicaron en la primera década del siglo para producir más antirretrovirales –con la consiguiente bajada del precio hasta un 90%– y paliar así los estragos del VIH.

El órdago de Biden llega en un momento en que la mitad de su población ha recibido ya al menos una dosis del antígeno y las reservas de viales se cuentan por decenas de millones. Su aval resulta decisivo para que un debate que ya se había truncado seis veces desde el año pasado, vuelva a la palestra y lo haga con posibilidades de salir si no en su totalidad, sí con condiciones. A este lado del Atlántico, la iniciativa no ha despertado el mismo entusiasmo. Europa, y en particular Alemania –casi todas las vacunas que se inoculan en el ámbito de la UE tienen al menos una fábrica o una unidad productiva allí– optó desde el principio por destinar la mitad de su producción a países sin recursos, pero sin desprenderse de ese derecho exclusivo a explotarla por 20 años.

Una herramienta que, como recuerda Javier Maira, químico y responsable del área de Estrategia Comercial del CSIC, «recompensa a quienes realizan un esfuerzo importante por desarrollar nuevas tecnologías, fomentando así la innovación». Maira no cree que decisiones como la de liberar las patentes supongan, «en circunstancias extraordinarias como estas», un ataque a la protección de la propiedad intelectual, pero advierte que no basta con esto. «Para fabricar las vacunas del Covid es necesario una transferencia de conocimiento, las condiciones idóneas de fabricación y una distribución justa del suero», algo que no está al alcance de todos. Y no se va muy lejos para ilustrarlo. A España, recuerda, la pandemia le pilló con el paso cambiado, y han pasado meses hasta que se adecuaron empresas productoras de vacunas animales para uso en humanos. «Si esto ha pasado aquí, qué no ocurrirá en África, donde la falta de medios es endémica».

El espaldarazo de Biden ha sido recibido como una victoria por algunos sectores de la sociedad civil. Es el caso de la Iniciativa europea para liberar patentes Right2Cure. Adrián Arias, jurista que desarrolla su labor en Bruselas, n o duda del esfuerzo inversor de las farmacéuticas, pero recuerda que «todas las vacunas actualmente en el mercado se han beneficiado de fondos públicos y obtenido beneficios multimillonarios sin que haya apenas retorno para las administraciones que les han financiado».

De cuajar la propuesta, sostiene José María Torres, de Farmamundi, se movilizarían unidades de producción que ahora mismo están paradas, «y eso, además de a los medicamentos y las vacunas, es extensivo a mascarillas o a respiradores». La realidad es que, salvo en los 37 países que integran la OCDE y en alguno más, el resto tiene muchas dificultades para adquirir esos viales. «Pero es que el hecho de que se suspendan las patentes en cien países no tiene por qué impedir que se siga cobrando –y bien– al resto por esos preparados». Y lanza un dato. «Pfizer aumentó su facturación en 2020 un 25% sólo con la facturación que realizó y las ventas anticipadas. Y eso sólo en un mes. Y le bastó un mes».

Para Arias, el lobby farmacéutico «está interesado en que cale el mensaje de que liberar las patentes no tendrá efecto a corto plazo. No es así. Existen decenas de empresas como el gigante de genéricos TEVA radicada en Israel, Biolyse Pharma (Canadá), Biovac Factory (Sudáfrica) o Incepta (Bangladesh), con amplias capacidades de producción, que han intentado pactar con las grandes farmacéuticas una licencia voluntaria –es decir, pagas un royalty a pongamos por caso Pfizer, y yo produzco para él más vacunas– y han obtenido un no por respuesta. No hablo de construir plantas donde no tienen capacidad ni recursos. Según la Asociación por el Acceso al Medicamento Justo, suprimir esos vetos permitiría triplicar la producción».

El jurista, que desarrolla su labor en Bruselas, admite que es lícito que una empresa trate de lucrarse, «no son ONG». Lo que le preocupa, dice, es que los gobiernos no arbitren mecanismos para contrarrestar eso cuando se trata de salud pública, que les tiemble el pulso ante una gran farmacéutica. «Le pondré un ejemplo. AstraZeneca se ha beneficiado de 875 millones de euros que hemos pagado todos a escote, según figura en la web de la Comisión Europea, de los que 336 han sido para estudiar la vacuna y 30 más a fondo perdido. Todo ello sin que los gobiernos tengan ningún derecho sobre la patente ni sobre su investigación, que va a traer desarrollos como el del ARN mensajero que se traducirán a la larga en pingües beneficios».

El 97% de esa vacuna –recalca Arias– se ha financiado con fondos públicos, «y cuando la eficacia del suero falla o lo hace la distribución, se les demanda por 1 euro con la excusa de que lo que interesan son las dosis. Así no se envía un mensaje de que con el dinero público no se juega».

Benjamín Martínez es director de Marketing de ClarkeModet, empresa de gestión de propiedad industrial e intelectual. Opina que la reacción que ha provocado el anuncio es excesiva, por mucho que fuera recibido con caídas en los parqués de las principales bolsas. «Sobre la mesa hay muy poco de momento. No digo que sea un brindis al sol, pero esta propuesta no está concretada. De qué plazos hablamos, a qué patentes afectaría, si a unas determinadas o a toda la propiedad industrial, si elimina barreras como las de exportación...».

Martínez advierte sobre los riesgos de comprometer la seguridad jurídica en temas de innovación y de alimentar la incertidumbre de las empresas, aunque reconoce que las vacunas son sólo una de las muchas líneas de negocio que tienen estas multinacionales. Recalca, en este sentido, que la distribución desigual que se está produciendo no tiene tanto que ver con las patentes como con que «la capacidad de producción real de la mayoría de los países es limitada».

«El debate se ha escorado hacia las patentes y eso no es real. Lo sería si hubiera un problema de abuso de monopolio, que no existe porque se están distribuyendo licencias para poder producir, o de precios inalcanzables, que tampoco. La vacuna de AstraZeneca se está vendiendo a precio de coste y, pese a todo el revuelo montado, está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)».

La decisión, de adoptarse, recortaría el margen de 20 años que esas marcas tienen para lucrarse antes de que sus patentes expiren y entren a competir con los genéricos, un nicho donde figuran desde hace tiempo sueros como el que combate el sarampión, la viruela o la rabia. «No hay nada mejor para el descubridor de un medicamento que salvar miles de vidas –dice Adrián Arias–. Yo pongo siempre el ejemplo de Jonas Salk, el inventor de la vacuna de la polio. Le preguntaron si la iba a patentar –le podría haber hecho inmensamente rico–, a lo que contestó '¿Acaso puedo patentar el sol?'. Había inventado algo maravilloso y su único afán era que la gente se curara».