El PP ofrece su 'plan B' para acabar con el caos jurídico

El jefe de la oposición señaló al presidente como el «único responsable de las aglomeraciones en las calles» que se han visto este fin de semana e incluso le acusó de provocar contagios y muertes por su «absoluta irresponsabilidad» y por no haber previsto antes esta situación de caos jurídico. «Si ahora mismo no hay un 'plan B' y hemos pasado al 'plan C' de caos el único responsable –apuntó– es el Gobierno».

En un acto del PP europeo en Madrid, Casado se mostró escéptico por el globo sonda lanzado por el Ejecutivo sobre la posibilidad de acometer cambios legales si el Tribunal Supremo rechaza que las autonomías puedan aplicar ciertas medidas y que poco después el ministro de Justicia se encargó de desmentir. «Estamos acostumbrados a que dan una información falsa para ganar tiempo y creo que no hay tiempo que perder», lamentó.

Los conservadores ofrecieron como alternativa la proposición de ley que registraron hace un mes en el Congreso. Incluso están dispuestos a ceder su autoría para «solucionar este desaguiado». «El Gobierno es que no tiene ni que hacer el trabajo, está registrada y consultada con los principales juristas de este país», remarcó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en la Ser.

El plan del PP pasa por modificar la ley de medidas especiales en materia de salud pública de 1986 y la de lo contencioso-administrativo para dar «certidumbre» y «garantías» a las autonomías y que éstas no dependan de lo que digan los tribunales. Una propuesta que los populares ya llevaron a la Cámara baja en noviembre y que no contó entonces con los apoyos necesarios ni siquiera para iniciar su tramitación parlamentaria pero que ahora podría correr mejor suerte ante la «inacción» del Ejecutivo.

En las últimas semanas, el partido de Casado ha mantenido contactos con el resto de grupos, incluidos los socios del Gobierno, que se han mostrado dispuestos a estudiar la alternativa jurídica que plantean los populares. Es el caso del PNV, cuyo portavoz parlamentario, Aitor Esteban, puntualizó ayer que «se debería completar un poco más» y que «se deberían tocar otras leyes». Para los nacionalistas vascos se debería aplicar decretar de nuevo la excepcionalidad constitucional en todo el país y después fijar las condiciones, tal y como lleva reclamando desde hace semanas el lehendakari Iñigo Urkullu. «Que haya estado de alarma no supone que deba haber toque de queda o limitación de movimientos entre territorios», arguyó Esteban.

En Ciudadanos también son partidarios de ofrecer un paraguas jurídico a las comunidades sin echar manos de la legislación excepcional. En el caso de los liberales, reclaman modificar la ley para que sea la Audiencia Nacional la que siente jurisprudencia y unifique los criterios sobre las restricciones de derechos fundamentales que establecen las autoridades autonómicas para frenar los contagios. «Si eso se hiciera –reconoció su portavoz Edmundo Bal– tendríamos seguridad y no esta situación caótica».