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Ocho de cada diez españoles, unos 40 millones de personas, respiraron durante la primavera y verano pasados aire contaminado por ozono en niveles superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el informe elaborado por Ecologistas en Acción sobre ... la incidencia en 2019 de esta peligrosa sustancia en el territorio nacional. La contaminación por este tóxico se mantiene alta por el repunte de la quema de combustibles fósiles con la salida de la crisis, agravada por el aumento de las temperaturas causado por el cambio climático.
El análisis concluye que el 85% de la población española -casi la totalidad salvo la de algunas áreas próximas al mar Cantábrico- estuvo expuesta en los días y semanas más calurosos del año a niveles insalubres de esta sustancia. El grado de afectación es algo menor si como base de medición se toman los niveles de peligrosidad establecidos por la legislación española y europea -más permisivos que los de la OMS-, que rebajarían la cifra de expuestos en riesgo a un 21% de la población española, unos 9,8 millones, uno de cada cinco ciudadanos.
El ozono troposférico es el contaminante más inhalado en España y, según los cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Banco Mundial, provoca la muerte prematura de hasta 1.800 españoles al año, lo que supone un coste en atención sanitaria y bajas de unos 5.000 millones. Su presencia en niveles tóxicos se concentra en los días con mayor temperatura y sequía de la primavera y el verano -con la llegada de las lluvias y el invierno se suspende el fenómeno-, en las horas centrales y el comienzo de la tarde, y los colectivos más proclives a sufrir daños son los ancianos, los niños, las embarazadas, las personas que hagan deporte al aire libre a esas horas, y los ciudadanos con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.
Se trata de un contaminante no producido directamente por el hombre sino generado en las capas bajas de la atmósfera por el efecto combinado de las fuertes radiaciones solares -por lo que ha ido a más con el aumento de la temperatura mundial y de las olas de calor en los últimos años- y por la acumulación de gases emitidos por la combustión de carbón, petróleo y gas en vehículos, centrales eléctricas y calderas domésticas o industriales. Tiene la peculiaridad de que aunque es en las zonas urbanas donde se genera la mayor parte de los gases de combustión que permiten su formación, las áreas de más alta contaminación por ozono son las periferias de las ciudades y las zonas rurales, porque en las primeras la sustancia se destruye casi al tiempo que se genera.
Ecologistas en Acción, después de analizar entre enero y octubre los 480 estaciones oficiales de medición repartidas por España, llega a la conclusión de que los territorios más afectados, en los que la sustancia superó con regularidad los límites legales estatales, fueron Cataluña -con una docena se superaciones estivales del umbral de alerta- y la Comunidad de Madrid. La contaminación por ozono fue también más alta en Andalucía oriental, el norte de la Comunidad Valenciana y el Valle del Ebro (de Cataluña al País Vasco). En cambio, los niveles de ozono fueron más moderados en el tercio occidental de la península ibérica (Galicia, noroeste de Castilla y León, Extremadura y Valle del Guadalquivir), en Asturias y Cantabria, y en la Región de Murcia, «probablemente como consecuencia de una menor temperatura y/o una mayor inestabilidad meteorológica en dichos territorios, especialmente en verano».
La organización ecologista denuncia que las instituciones, tanto autonómicas como estatales, no hacen prácticamente nada por reducir la contaminación por ozono. La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas, asegura el informe, «no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema». Pocas ciudades, asegura, cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y solo Valladolid contempla y aplica medidas de limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la última semana de junio.
Recuerdan que los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación, pero que hasta diez autonomías (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos.
Estos planes a medio y largo plazo, según los expertos de la ONG, deben reducir en las ciudades y autopistas el tráfico rodado y sustituirlo por transporte colectivo limpio, vehículos eléctricos, bicicletas, y más áreas peatonales; penalizar fiscalmente los vehículos diésel; apostar por las energías renovables y cerrar las centrales térmicas de carbón; dictar una moratoria para nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas; y fabricar pinturas, tintes y colas que se puedan disolver en agua y no precisen como ahora de productos contaminantes que producen ozono.
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