El fin de las mascarillas en el recreo desata otra guerra entre Ayuso y Sánchez

La jefa del Ejecutivo madrileño anunció este jueves que el próximo lunes acabará en la región la vigencia de la orden de portar los tapabocas para los escolares mayores de seis años durante los momentos de distracción en espacios abiertos en el colegio.

De inmediato, diversos responsables del departamento que dirige Carolina Darias se apresuraron a precisar que el Gobierno regional no puede legislar en contra de Ley 2/2021de 'medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid', que es la que establece el uso obligatorio de la protección bucal en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros.

Este jueves, Ayuso, durante la sesión de control a su Gobierno celebrada en el Parlamento autonómico, comunicó su decisión unilateral de poner fin a las mascarillas en los recreos con el argumento de que «es mucho lo que les debemos a los niños». «Es una generación marcada por la pandemia», insistió.

Poco después, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirmó la decisión de acabar con los tapabocas en los espacios abiertos de los colegios y defendió la idoneidad de esta medida por las buenas cifras de la pandemia en la región con una incidencia acumulada de 44 casos por cada 100.000 habitantes.

El anuncio de Ayuso, ni consultado ni anticipado a los responsables de Sanidad, provocó un profundo malestar en Moncloa, donde casi lo consideraron una «deslealtad». Desde el equipo de Darias insistieron que con el marco legislativo «nacional» actual no caben excepciones a las mascarillas en el exterior siempre que no se pueda guardar la distancia de 1,5 metros, «sean o no escolares».

Entre los responsables de Sanidad sentó este jueves especialmente mal que el Gobierno de Díaz Ayuso haya decidido de forma «unilateral» medidas de desescalada en las escuelas cuando existe un «cauce continuo de información» entre las comunidades y la administración central a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y sus órganos subordinados (Comisión de Salud Pública y Ponencia de Vacunas).