El fin de las mascarillas en interiores fractura a las comunidades

Como ha ocurrido en muchas ocasiones durante la pandemia, la Comunidad de Madrid abandera la iniciativa más permisiva. En la cita, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso planteará al resto de las autonomías la supresión del uso de la mascarilla en todos los interiores, excepto en residencias, hospitales y transporte público. Y no solo eso: Madrid también pedirá eliminar los aislamientos para asintomáticos (salvo para las personas vulnerables en residencias y hospitales) y limitar la realización de pruebas diagnósticas, que quedará en manos de los profesionales. «Estamos ante el final de la fase aguda, seguro de la sexta ola, pero también con bastante probabilidad, de la pandemia», afirma la directora general de Salud Pública de Madrid, Elena Andradas.

Con menos contundencia, pero en un sentido similar, se pronunció este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que pidió una retirada de la mascarilla «gradual y responsable», aunque «siempre siguiendo el criterio de los expertos».

La propuesta del Gobierno de Ayuso coincide en el fondo con el planteamiento del Ministerio de Sanidad, pero probablemente, no en los plazos. Y sobre todo, choca con los planteamientos de otras comunidades. La más contundente ha sido Extremadura, que criticó a las comunidades «sensacionalistas» que pretenden retirar las mascarillas «sin el consenso del Consejo Interterritorial de Salud». El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, afirmó que esto «no es una cuestión de a ver quién lo dice primero», sino «un asunto más serio, que se tiene basar en el consenso y en la ciencia».

«Algunas comunidades, en los consejos interterritoriales, hacen anuncios a bombo y platillo, pero nosotros no hacemos anuncios a bombo y platillo, nosotros pedimos el consenso de todas las comunidades, precisamente por respeto a ese órgano donde todos hablamos», señaló González. También el País Vasco está en contra del fin inmediato de las mascarillas. «Primero debemos conocer la opinión de los expertos, después discutir y decidir y al final comunicarlo», cree la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Pero su crítica no se dirige únicamente a las autonomías partidarias de una retirada exprés, sino al Gobierno central, al que acusa de «confundir» a la población con sus mensajes. «No me parecen adecuadas algunas manifestaciones antes de que se celebren las reuniones. Se crea mucha elucubración. Debe haber más cogobernanza», reclamó Sagardui. Entre medias, el resto de las comunidades, que esperan a los informes técnicos para buscar una fecha.

A finales del año pasado, antes de la explosión de ómicron, el Ministerio de Sanidad barajaba el inicio de la primavera (21 de marzo) como el momento propicio para eliminar las mascarillas en los interiores. Ahora la discusión se centra más en saber si será antes o después de la Semana Santa, entre el 10 y el 17 de abril.

Todo cambió con ómicron. La nueva variante dejó incidencias altísimas, de hasta 3.400 casos por cada 100.000 habitantes a finales de enero, y aunque se ha producido un descenso notable desde entonces, la caída se ha frenado en los últimos días, cuando España aún no está por debajo de los 400 puntos. Otros países europeos, con incidencias mucho más altas, ya han eliminado la obligatoriedad, pero España no parece dispuesta a hacerlo todavía.

La opción más probable, que Cataluña planteará en el encuentro de Zaragoza, pasa por iniciar la desescalada de la mascarilla en los colegios, comprobar si la incidencia no se dispara y a partir de ahí, retirarla paulatinamente en espacios cerrados. Una investigación del grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), presentada el martes, mostraba que la mascarilla no ha sido una herramienta determinante para contener al virus en las escuelas.