Indemnizan con 700.000 euros a una mujer por la incapacidad que le causaron con un legrado

Una aseguradora sanitaria tendrá que pagar más de 700.000 euros entre indemnizaciones e intereses legales a una madrileña a la que una intervención médica «negligente» tras un aborto natural le causó diversos daños muy graves en su organismo que terminaron por dejarle importantes secuelas y condenarla a una situación de incapacidad crónica.

Según el relato de hechos dados por probados por los tribunales de instancia y por la Audiencia Provincial de Madrid, esta mujer, que en 2013 tenía 35 años, acudió la víspera de Nochebuena de ese año a una clínica concertada por su aseguradora sanitaria privada por detectar anomalías durante su embarazo. La doctora que la atendió en el centro sanitario corroboró los graves problemas en la gestación y la muerte del feto, que no tenía latido, motivo por el cual comenzó a suministrar a la paciente una serie de fármacos para intentar provocar un aborto medicalizado. Como consecuencia de la administración de estos productos, la embarazada sufrió vómitos, un notable sangrado, diarrea e importantes contracciones.

Ante esta situación situación, el 24 de diciembre, la misma doctora decidió practicar un legrado a la paciente, introduciendo en su vagina las pinzas de Winter para proceder a la extracción fetal, sacando sin embargo las asas intestinales de la embarazada en vez del feto, que en ningún caso apareció en el exterior como resultado de este procedimiento. Tras la maniobra fallida, practicaron a la paciente una laparotomía exploradora y se comprobó que la intervención de legrado le había provocado una rotura de la pared posterior del útero y del recto con avulsión (desgarros).

Como consecuencia de los que los tribunales consideran negligencia y mala praxis, la paciente sufrió varias intervenciones de reparación de las perforaciones ocasionadas y una intervención más por obstrucción intestinal. Pese a todo, le han quedado notables secuelas como dolor abdominal a diario e incontinencia fecal, no pudiendo permanecer más de cuatro horas fuera de su casa por la sucesión de diarreas, lo que llevo a que le fuese certificada una situación legal de incapacidad permanente absoluta.

La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el mes pasado el recurso de apelación interpuesto en nombre de la perjudicada por la abogada Julia García Domínguez, de la asociación 'El Defensor del Paciente', contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº57 de Madrid. Como consecuencia de esta estimación, concedió una indemnización de 280.844 euros a la mujer e indicó que a esa cuantía la aseguradora médica condenada debía sumar los intereses legales desde la interposición de la demanda y los intereses correspondientes desde el 24 de diciembre de 2013, fecha de la intervención médica negligente.

Pese a que en esta resolución la Audiencia Provincial rebaja en 13.867 euros la indemnización que deberá pagar la compañía aseguradora, el aumento de los intereses a que indica el fallo que tiene derecho la perjudicada elevará la cuantía final a abonar a la víctima a más de 700.000 euros.