El ministro de Sanidad, Salvador Illa, está convencido de que la vacunación contra la covid-19 supondrá «el final de un camino, que ya está cerca». Los meses que restan hasta entonces los define como «una maratón más que un 'sprint'», por eso ... este jueves, durante la Comisión de Sanidad del Congreso, apeló a la responsabilidad individual de la ciudadanía para «no bajar la guardia» en las fiestas de Navidad, que en tres semanas volverán a provocar cientos de miles de desplazamientos y reuniones entre personas no convivientes y que viajarán entre territorios con diferente incidencia acumulada. Un escenario propicio para la propagación del virus.
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Sin ofrecer todavía detalles concretos sobre las posibles restricciones que puedan aplicarse en esas fechas –más allá de las recomendaciones formuladas el pasado lunes de evitar reuniones de más de seis personas o decretar un toque de queda a las 1:00 horas en Nochebuena y Nochevieja–, Illa zanjó que «no habrá 17 Navidades», en referencia a los planes que otras comunidades ya están elaborando al margen del Consejo Interterritorial.
Después centró su intervención en el plan de vacunación, la gran esperanza para frenar la pandemia y de cuya autoría el Gobierno no deja de sacar pecho en los últimos días.
El ministro volvió a insistir en que la estrategia deberá ser «única» para toda España pese a que algunas comunidades como País Vasco, Cataluña o Madrid ya anunciaron que estaban preparando su propio plan. En cualquier caso, reiteró que las dosis se empezarán a suministrar en enero, de manera voluntaria y con prioridad para los sanitarios que están «en primera línea» –los que trabajan directamente con enfermos de covid-19 y en residencias de mayores, especificó–, las personas dependientes y, más adelante, el resto de trabajadores de la Sanidad.
En total, alrededor de 2,5 millones de personas recibirán la vacuna entre enero y marzo. Sin embargo, Illa dejó en el aire una vez más detallar qué pasará con el 95% restante de la población que está incluida entre los 18 grupos en los que Sanidad pretende categorizar a toda la ciudadanía. Los criterios establecidos para ello serán la morbilidad grave y mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y transmisión de la enfermedad. Categorías que, según destacó el ministro, aún están discutiendo expertos en bioética, matemáticas, sanidad y otros «representantes de ocho comunidades autónomas».
La cuestión es de extrema importancia ya que el orden puede ayudar a frenar en mayor o menor medida el avance del virus. Algunos epidemiólogos han llegado a señalar que sería mucho más efectivo priorizar a los trabajadores que tienen un mayor número de contactos diarios, como empleados de supermercado o camareros, por ejemplo, frente a otros colectivos más vulnerables. Un criterio que, por el momento, siguen sin aclaran desde Sanidad.
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Lo que sí tiene claro Illa es que España dispondrá de 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de personas (las vacunas suministradas por algunas laboratorios requieren de dos aplicaciones). «Es una cantidad que está pensada para destinar una parte de la misma a terceros países como solidaridad», reconoce Illa, que también
En todo caso, las medidas restrictivas no se levantarán, insistió el ministro, «hasta que un grupo sustancial de la población se haya vacunado», un horizonte que fija en junio de 2021.
Con el fin de evitar una tercera ola del virus en enero, varios grupos parlamentarios, como el PP, han propuesto a Sanidad realizar testeos masivos antes de Navidad. Pero Illa aclaró ayer que la estrategia no es de su gusto. «Más bien creo que la solución es apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y un acuerdo de consenso con las comunidades», zanjó.
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