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El grupo de supuestos «expertos» que hará la «evaluación independiente» de la pandemia que reclamaban los científicos en los foros más reputados estará presidido por la número 2 de Salvador Illa, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.
Y no solo. ... El Ejecutivo central ha impuesto su criterio en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que participan las comunidades y ciudades autónomas de que cada uno de los otros 19 «expertos» que deben examinar principalmente la actuación del Gobierno central ,durante los meses que duró el estado de alarma (de marzo a junio) en la que el Ministerio de Sanidad fue el mando único, sean nombrados precisamente por los ejecutivos autonómicos y los de las dos ciudades autónomas.
Esta maniobra garantizará a Sanidad que la mayor parte de los «expertos» que le evalúen sean nombrados por ejecutivos socialistas, ya que el mayor número de autonomías (9) están regidas por políticos de este color: Aragón; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extrenadura, Islas Baleares, La Rioja y Navarra. Otros 6 'técnicos' «independientes», según el criterio impuesto por Sanidad para evaluar su trabajo, serán propuestos por gobiernos del PP: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta. Los otros 4 expertos se repartirán entre gobiernos de PNV, Junts, Partido Regionalista y Ciudadanos.
Como ya ocurrió el pasado miércoles cuando el Consejo Interterritorial votó a favor de imponer los confinamientos a las ciudades de más de 100.000 habitantes con altas tasas de transmisión, bastó el voto mayoritario, no unánime, a favor de la propuesta de Salvador Illa.
Este grupo, según informó Sanidad, en el plazo de un mes «deberá elevar las conclusiones de los trabajos al pleno del Consejo para su consideración», una premura que también ha levantado suspicacias en medios científicos, habida cuenta de que la pandemia cuya gestión se pretende evaluar se encuentra en pleno apogeo en su segunda oleada.
El sistema de elección de expertos por 'cupo autonómico' impuesto por Sanidad no tiene nada que ver con el grupo de técnicos que había propuesto en agosto y septiembre una veintena de científicos en la revista Lancet y en la que pedían una auditoría independiente, alejada de cualquier color político, tanto de Sanidad como de las consejerías que tomaron el testigo tras el fin del estado de alarma a finales de junio.
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