La frontera del millón de casos

La situación en España solo ha ido a peor desde entonces, hasta llegar a una cifra de infectados que parecía una quimera hace cuatro meses: un millón de personas contagiadas por el coronavirus. Otros cuatro países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), han pasado la línea del millón de contagiados: Estados Unidos (8 millones de contagios), India (7,5 millones), Brasil (5,2 millones) y Rusia (1,4 millones). Los próximos en alcanzar esa barrera serán Argentina, Colombia y España. Tres países de diferente extensión pero con una población similar, entre los 45 y los 50 millones.

Una cantidad de infectados que se ha logrado a una velocidad de vértigo. El 20 de junio, último día del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad contabilizaba 245.938 personas con covid-19. Había entonces una incidencia acumulada (IA o el número de casos por 100.000 habitantes en los últimos catorce días) de 7,90. Un mes más tarde, la IA estaba en 27,39 y los casos eran 264.836.

El 20 de agosto, uno de los parámetros que más vigilan los epidemiólogos se había disparado hasta los 142,27 casos por 100.000 habitantes. Ya había detectados 377.906 infectados y el resto de los países europeos aplicaban cuarentenas a los viajeros procedentes de España o no recomendaban viajar a determinadas zonas. Y el 21 de septiembre -el 20 fue domingo-, España tenía 671.468 personas infectadas, con una IA de 280,10.

Sanidad comunicó este martes 988.322 positivos -13.873 más que en su penúltimo informe y 742.384 más que el 20 de junio- y una IA de 322,94. El último día del estado de alarma, la IA era 40 veces inferior. En cuanto al número de fallecidos, el departamento que dirige Salvador Illa recogió una subida de 218 casos más. En la última semana, las comunidades han comunicado la pérdida de 553 vidas. Este virus, según la contabilidad de Sanidad, ha matado a 34.210 ciudadanos.

Los datos de ese 6 de julio -solo 78 nuevos contagios- fue un alivio después de un fin de semana complicado. La Generalitat de Cataluña y la Xunta de Galicia ordenaron durante ese fin de semana anterior (4 y 5 de julio) los primeros confinamientos perimetrales en el Segriá (Lleida) y A Mariña (Lugo). Una media que se ha ido aplicando durante estos meses en localidades de todos los tamaños, incluida Madrid capital.

Este martes, la Junta de Castilla y León prolongaba dos semanas más el confinamiento de las ciudades de Palencia y León. Son cuatro capitales de esta comunidad -las otras dos son Burgos y Salamanca- en las que sus ciudadanos viven sin poder salir del termino municipal. Extremadura también anunció este martes el confinamiento de Almendralejo.

Más de 1.700 localidades sufren algún tipo de restricción, que las comunidades han ido aplicando según se iban multiplicando los casos en sus territorios. Unas decisiones que han ido desde la limitación de aforos y horarios en la hostelería y comercio -en diferentes grados-, la prohibición de atender en las barras, las reuniones familiares cerradas para seis o diez personas. La medida más drástica, sin olvidar la reivindicación del sector cultural, la tomó la Generalitat de Cataluña al cerrar bares y restaurantes hasta noviembre. Y Navarra se confina desde mañana.

Unas recetas diversas para revertir una apertura en la 'nueva normalidad' que no ha cumplido con sus objetivos. La economía no se ha reactivado como se esperaba -el turismo se ha desplomado un 73% entre enero y agosto en comparación al mismo periodo de 2019-, el calor tampoco ha parado la transmisión del virus como algunos auguraban y una parte de la población ha desoído las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación del virus.

Unas decisiones para intentar parar las consecuencias de una apertura «muy acelerada». Así lo consideró la revista científica 'The Lancet' en su editorial de la semana pasada. «Cuando el confinamiento nacional se levantó en junio, algunas autoridades regionales fueron probablemente demasiado deprisa al reabrir y demasiado lentas para implementar un sistema de detección y seguimiento eficiente», indicó.

La publicación indicó que la división política, tanto de colores como de administraciones, «pudo ser un obstáculo para la celeridad y eficiencia de la respuesta de salud pública».