El fiscal general reactiva las investigaciones sobre residencias en pleno debate político en Madrid

El oficio, fechado el jueves y firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, tiene como objeto la «dación de cuentas sobre procedimientos penales incoados por fallecimientos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la covid-19», unos datos que les emplaza a enviar en 30 días y que deberán actualizarse trimestralmente.

En concreto, reclama a los fiscales superiores que informen sobre el número de diligencias de investigación tramitadas por los fiscales a fecha 30 de septiembre, así como sobre el número de denuncias y querellas que haya presentado el Ministerio Público desde el 1 de enero pasado.

Villafañe explica que, aunque desde los primeros días de la pandemia de coronavirus «se fue elaborando un compendio diario de datos de cada comunidad autónoma con información pormenorizada de la situación y las circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad», «se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad».

«Es preciso, por tanto, adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad», apunta el oficio.

Este movimiento de la Fiscalía General llega en pleno debate político en la Comunidad de Madrid sobre la gestión de las residencias y geriátricos. Con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición de los grupos de izquierda enzarzados sobre la necesidad o no de poner en marcha una nueva comisión de investigación para aclarar la alta mortalidad que hubo en estos centros de la región.

Según datos del Imserso, de los 34.298 ancianos residentes muertos durante la pandemia 6.891 han sido en la Comunidad de Madrid. La primera de la lista seguida de cerca por Cataluña (6.126), Castilla y León (4.408), Castilla-La Mancha (3.263) y Andalucía (3.144). Solo entre los meses de marzo y junio de 2020, durante la primera oleada de la covid-19, fallecieron unas 10.000 personas en residencias y geriátricos en toda España.

Se da la circunstancia de que en esos meses de 2020 en Madrid se aplicaron unos polémicos protocolos por parte de la Consejería de Sanidad para cribar qué ancianos infectados debían ser trasladados a hospitales y cuáles no. Una decisión que dejaba en manos de los geriatras de enlace la posibilidad de que un mayor fuera asistido o no en virtud de una serie de parámetros médicos.  Estos protocolos no han dejado de estar fuera del foco político desde entonces, pero en los últimos días, coincidiendo con la publicación de un libro por parte del entonces consejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos, se ha vuelto a poner encima de la mesa las responsabilidades derivadas por esta gestión.

En este contexto, Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, provocó el miércoles la indignación de las familias al criticar la instrumentalización política de este asunto y afirmar que estos "ya lo han superado". Ossorio, que ayer replicó que sus palabras habían sido manipuladas, salió a la palestra un día después de que Vox sorprendiera al PP al facilitar que se vote en la Asamblea de Madrid, el próximo 13 de octubre, una comisión de estudio sobre las residencias de la región. Vox y los grupos de izquierda podrían unirse para sacar adelante esta propuesta, ya que al Gobierno de Ayuso le faltan cuatro diputados para tumbar la iniciativa.

Ante el revuelo levantado, Vox ha asegurado hoy que no va a participar con los partidos de izquierda en "circo mediáticos revanchistas que solo generan odio y rencor", aunque ha pedido al PP colaboración y que sigan "trabajando juntos por el bien" de los mayores a través de una comisión de estudio, no de investigación. "Si PP y Vox tenemos la Mesa de esa comisión, podremos impedir cualquier intento de la izquierda por manipularla y convertirla en lo que no es", señalan en un comunicado.