Así funciona el sistema de rastreo de contagios que España usará con Apple y Google

Las aplicaciones de trazabilidad y aviso de exposición al Covid-19 son una de las apuestas fuertes para cuando salgamos de casa en la nueva normalidad. Sin inmunidad de rebaño, la mayoría es vulnerable a la enfermedad, y esto nos obliga a monitorizar nuestros contactos sociales (contact tracing). Algo que no puede hacerse de cualquier manera y cuya estrategia debe tener fecha de caducidad. Hay polémica en torno a ellas, pero nuestro derecho a la privacidad no está reñido con su utilización.

Gobiernos de todo el mundo prueban diferentes métodos para controlar a su población y evitar la expansión del patógeno, mientras los gigantes tecnológicos Apple y Google han ofrecido un sistema que permite interoperabilidad entre ambos sistemas, iOS y Android, más allá de fronteras. Hasta ahora, un total de 22 países ya han solicitado y recibido acceso a la API (software de creación de servicios digitales). A ellos se ha unido España, que prevé lanzar una aplicación de rastreo del Covid-19 en Canarias en un proyecto piloto que se pondrá en marcha este verano, según anunció la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.

La elección de Canarias no es casual. El archipiélago ya ha pedido su pase a la fase 2 por su favorable evolución de la pandemia en esta desescalada desde el punto de vista sanitario. Esta prueba en las islas servirá además para paliar las graves consecuencias económicas y sociales en el territorio canario, en especial el sector turístico, debido al confinamiento y recuperar de esta manera la llegada de visitantes con mayor seguridad.

No se han especificado muchos detalles sobre la herramienta pero lo normal es que fuera una aplicación completamente descentralizada (la información se almacena en el dispositivo de cada usuario y no en centros de datos para garantizar la privacidad) con el protocolo más usado en Europa, el DP-3t. No se recurre a la geolocalización por GPS o antenas de telefonía.

Esto supone un paso más del Gobierno después de que a mediados de abril se sumara al Consorcio de Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad (PEPP-PT) con el objetivo de buscar una solución de rastreo digital. «Apostamos por una app única europea. Solo logrando la interoperabilidad entre países podrá garantizarse una trazabilidad que asegure el intercambio de datos anónimos en la lucha contra la Covid-19», dijo la Secretaría de Estado de Digitalización. La nueva aplicación complementará al estudio de móvilidad (DataCovid) y la aplicación de pre-diagnóstico Asistencia Covid-19 para facilitar el contacto con las autoridades sanitarias.

No son la solución definitiva pero sí un buen complemento para avanzar sin sufrir rebrotes aunque corren el riesgo de excluir a grandes segmentos de la población como resultado de una brecha digital que perjudica a las personas mayores y a los que no tienen acceso a las últimas tecnologías.

En Europa el protocolo más unánime es el DP-3T, por el que optan Alemania, Italia, Austria, Estonia o Suiza y por el que se ha posicionado finalmente España. Estas aplicaciones funcionan a través de bluetooth (que no permite seguir los movimientos). «Los smartphones emiten y reciben códigos anónimos entre los dispositivos que se encuentran a su alrededor durante un tiempo determinado. Los identificadores recolectados y los propios se almacenan localmente en el propio móvil, y se generan haciendo uso de un esquema criptográfico que impide que puedan ser asociados con el usuario que los ha emitido, de ahí su naturaleza anónima», explica a este medio Sergio López, ingeniero de 'software' en Red Hat.

Si una persona da positivo, envía los códigos que ha mandado, y quien haya estado cerca en los últimos 14 días, recibe una alerta en el teléfono, advirtiendo al usuario de esta circunstancia. «Se evalúa el tiempo de exposición y la cercanía para calcular el grado de riesgo. Ni la Autoridad Sanitaria ni Apple o Google reciben ningún tipo de información al respecto. Solo el usuario sabe que ha recibido una alerta de exposición», apunta el experto, que hace hincapié en que «la geolocalización es más imprecisa, carece de verticalidad, requiere recopilar muchos más datos y es menos respetuosa con la privacidad de los ciudadanos».

Francia mientras tanto insiste en su propio protocolo y junto a Reino Unido opta por un sistema centralizado que permite que las autoridades sepan quién es la persona que consulta sus síntomas o notifica un positivo.

«Existen tecnologías para rastrear posibles contagios y al mismo tiempo garantizar la privacidad de los usuarios, manteniendo la información en los terminales», explica Sergio Carrasco, ingeniero de telecomunicaciones y abogado experto en nuevas tecnologías, que aboga por el sistema descentralizado por ser menos invasivo.

El experto apunta que «la privacidad es compatible con medidas extraordinarias para la defensa de la salud pública. Se contemplan expresamente supuestos excepcionales para ello, y por esta razón no debemos acudir a un falso debate que suponga el enfrentamiento entre ambos». Opinión que coincide con la de Borja Adsuara, abogado experto en Derecho y Estrategia Digital. «Cada individuo gestiona los datos en su móvil y no se envían y gestionan por una autoridad. Lo ideal es el rastreo por proximidad respetuoso, como no podía ser de otra forma, con el RGPD», apunta.

Las medidas para doblegar el virus a través de la gestión digital de datos de la ciudadanía ha puesto sobre la mesa el debate de los límites de la vigilancia y las libertades. Martin Varsavsky, fundador, entre otras compañías, de Jazztel o Goggo Network, y uno de los impulsores de 'Coronamadrid', plantea una app como las que utilizan en China o Corea del Sur para la vida post confinamiento, que tenga geolocalización y que monitorice si una persona puede salir o no en función de parámetros como si está inmunizada, si se ha hecho test, el último resultado de tomarse su temperatura o su edad. «En Europa hay una obsesión por la privacidad que es difícil de entender. Por un lado, nos han tenido en arresto domiciliario y nuestros niños no han podido salir durante meses y todo el mundo ha aguantado eso, pero si tú le dices que pueden salir y que necesitan tener una app de geolocalización, mucha gente se niega», critica el experto.

Pero ¿es la cesión de nuestra privacidad una cuestión de salud pública? «Estamos perdiendo libertades para salvar vidas; esto debería ser algo entendible y lógico», apunta Varsavsky. «Cada vez que vamos al médico, cedemos voluntariamente muchos datos de nuestra salud para que nos pueda diagnosticar y curar. Esto es lo mismo, pero, en vez de uno a uno, en masa y usando Big Data, no usarlo para luchar contra la pandemia sería irresponsable», explica Adsuara, aunque apuesta más por los datos «anonimizados y agregados» (es decir, estadísticos).

¿Cómo convencer de una manera sencilla a aquellos que solo ven teorías de la conspiración en estas apps y aluden a '1984' y los grandes hermanos? «Los medios deberían dejar de hablar de 'vigilancia digital del Gobierno' a los ciudadanos y empezar a hablar de 'aplicaciones de apoyo a las autoridades sanitarias' para controlar la pandemia. Para continuar, habría que hablar de la finalidad de esos datos, de su caducidad y de las garantías de su tratamiento. Hay que hacer pedagogía para explicar que los datos no se dan al gobierno», reflexiona Adsuara.

En esta línea se mueve también Carrasco, que cree que «muchas veces por errores de comunicación o por falta de transparencia el usuario no tiene claro para qué fines concretamente podrá usarse su información, o qué sucederá una vez finalizada la pandemia. En redes sociales no se es tan consciente del alcance de los datos, más allá de la personalización de la publicidad».

«Hay una especie de fobia al rastreo digital que dificulta muchísimo el uso de aplicaciones para rastrear a la gente que se contagia de coronavirus», responde Varsavsky, que apuesta claramente por un sistema mixto de geolocalización y bluetooth. «Cuanta más información haya, mejor».

Hasta la fecha ningún país sabe cuánta gente debe descargarse una app de estas características para que sea realmente útil. El más próximo a su uso en el control ga sido Singapur, pero solo la descargaron 1,1 millones de personas, cerca de un quinto de la poblacion, cuando la cifra debería al menos alcanzar el 60%. Vietnam parece seguir sus pasos. Además de aplicar una respuesta contundente en lo digital, Hong Kong, Corea del Sur, Bahréin o Taiwán, donde el virus ha sido más o menos controlado, emplean a cientos o miles de personas para rastrear posibles brotes. China utiliza todo lo que está a su alcance: Sistemas de vigilancia, reconocimiento facial, rastreo mediante teléfonos inteligentes o drones que informan a las autoridades.

Fuera de Asia, Australia es el primer país además de Noruega cuyo Gobierno se lanza a una promoción agresiva de su app de rastreo.

Israel y Corea del Sur son las democracias con una respuesta más contundente: Tel Aviv, con tecnologías y sistemas de vigilancia asociadas a la lucha contra el terrorismo y Seúl, con varias medidas para controlar cuarentenas de forma individual. ¿Podría en este caso el Gobierno a obligarnos de alguna manera a tener que instalar una app para el desconfinamiento? «Nadie te va a obligar a utilizarlas. No es lo mismo el control a nivel agregado que se realiza a nivel europeo con los operadores, que un seguimiento individual de todos los ciudadanos, algo que seguramente sería desproporcionado aunque la Agencia de Protección de Datos ha mencionado que para seguimiento de casos concretos de cuarentena podría estar justificado. Una medida tan intrusiva sería difícilmente aceptable, salvo que se demostrara su verdadera eficacia y la no existencia de otras alternativas», apunta Carrasco.