El Constitucional avala la exclusión de la sanidad de los 'sin papeles'

Es la segunda vez que el TC se pronuncia contra unos decretos regional que intentaban paliar los efectos del Real Decreto 16/2012. Esta polémica decisión pretendía, entre otras cosas, acabar con el turismo sanitario, el de aquellos pacientes que se aprovechaban de las bondades del Sistema Nacional de Salud (SNS) -uno de los mejores del mundo- para operarse de diferentes dolencias que no cubrían en sus países orígenes. De paso, se le retiró la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes 'sin papeles'. El objetivo era, según señaló entonces la ministra de Sanidad, Ana Mato, ahorrar a las arcas del Estado unos mil millones, una cifra nunca justificada.

Esta medida provocó que las comunidades autónomas, responsables de la política sanitaria, se rebelarán contra una decisión que no apoyaban ni la oposición ni numerosas ONG ni los propios médicos. Las regiones actuaron de diferente manera. Tres apostaron por llevar la sanidad universal al rango de decreto ley: País Vasco, Comunidad Valenciana y Navarra. Y el Gobierno decidió recurrir estas decisiones.

El decreto valenciano, ahora anulado, permitía el acceso universal e incluso se concedió a los 'sin papeles' -unos 18.000 en la comunidad- una tarjeta. «No sabemos qué va a pasar ahora», reconoció Ana Pérez, responsable de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana. «De esta manera, la salud ya no es un derecho», señaló la responsable de la ONG, miembro de la plataforma Reder, al igual que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y otras organizaciones.

«No solo es que no puedan tener tratamientos estas personas, es que tampoco acceden a los programas de prevención de enfermedades», indicó Elena Polentinos, portavoz de la semFYC. «Es un mazazo para las organizaciones que luchamos por el retorno de la sanidad universal», reconoció Polentinos, ya que vuelve a una situación de incertidumbre. Según el Real Decreto 16/2012, los inmigrantes ilegales solo podían ser atendidos en tres supuestos (embarazadas, menores, enfermedades contagiosas y urgencias); pero las comunidades autónomas se saltaron estos límites.

Algunas eligieron un programa especial, otras llegaron a acuerdos con ONG para atender a este colectivo y la mayoría realizó normativas internas para poder atender a los 'sin papeles'. Pero solo tres, aunque en junio lo hizo también Cataluña y está a la espera de que la situación política se normalice, optaron por el decreto. Y eso es lo que no ha admitido el Constitucional, que considera que lo que hizo el Gobierno regional fue una «ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal».

El tribunal, que admitió a trámite el recurso del Gobierno en noviembre de 2015 y que levantó después las medidas cautelares al entender que primaba la salud de los ciudadanos que el perjuicio económico, distingue entre aquellos extranjeros «titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España». El fallo del Constitucional, al igual que pasó con el texto vasco, contó con el voto particular de cinco magistrados que discrepan de la fundamentación y del fallo de la sentencia, que «corta la línea vital que ha permitido a las personas migrantes en situación administrativa irregular recibir servicios de salud», apuntó el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, la consellera valenciana de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, aseguró que sigue «vigente» la sanidad universal porque no han anulado las «instrucciones» que garantizan este derecho. Además, incidió que estas indicaciones son muy similares, con la diferencia de que tienen diferente rango normativo que un decreto.