La alta incidencia de contagios podría hacer que Madrid y Barcelona retrasaran su entrada en la desescalada

En el punto de mira de Sanidad, por su todavía alta incidencia de contagios, están ya Madrid y Barcelona, además de las otras tres provincias catalanas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por primera vez admitió este jueves la posibilidad de que los 14 millones de españoles que viven en esas dos comunidades lleguen a la desescalada después que el resto del país si los parámetros epidemiológicos no mejoran en la próxima semana. «Su punto de partida es un poco más complicado que el de otras comunidades y sí es posible que se retrase un poco más la toma de medidas en estas dos autonomías por los datos de que disponemos ahora mismo«, detalló el experto de Sanidad.

No obstante, el director de Emergencias afirmó que también es cierto que la evolución de la pandemia es «muy rápida en todas las comunidades hacia abajo incluidas estas dos», por lo que todavía podrían llegar a tiempo para el banderazo de salida de ese lunes 11 de mayo.

Y es que los datos de Sanidad, este jueves un día más, confirman que el coronavirus sigue azotando a estas dos comunidades mucho más que el resto. Aunque la incidencia acumulada (IA, número de casos positivos cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días) está en una media nacional de 78 casos, en Madrid este parámetro crece hasta 157 (el doble que en el resto del país) y en Cataluña se sitúa en 150. Por el contrario, en el otro extremo, hay comunidades con una IA de 4 como Murcia, 10 como Canarias, o 12 como las ciudades autónomas.

Madrid, con 406 casos, y Cataluña, con 262 casos en las últimas 24 horas, supusieron el 51% de nuevos notificados del país, aunque ambas comunidades no acogen más de la cuarta parte de la población de España.

Es indudable que el peso de las dos metrópolis de esas comunidades –la ciudad de Madrid y Barcelona- está detrás de esos todavía altos índices de transmisión del virus, por eso también los gobiernos autonómicos de esas dos regiones, como la práctica totalidad de las comunidades, siguen presionando al Ejecutivo central para que permita la desescalada en unidades territoriales menores que la provincia o la isla, tal y como recoge el plan presentado por el presidente Pedro Sánchez el pasado martes.

Según han revelado responsables del Gobierno a este periódico, el Gobierno ve con buenos ojos la posibilidad de que haya desescaladas de ámbito menor y «entiende perfectamente» el argumento de que la todavía complicada situación epidemiológica de los grandes núcleos no tiene por qué «arrastrar» al medio rural con el que comparte provincia y en el que probablemente la transmisión del virus es mucho menor o incluso, inexistentes. El problema –explican desde Moncloa- es que los expertos todavía no han encontrado una fórmulas para poder «blindar» o hacer «estancas» las zonas desescaladas frente a los territorios o municipios de su entorno que sigan en un grado más alto de confinamiento.

Responsables del Ministerio de Sanidad explican que si ya va a ser difícil garantizar evitar el traspase de población entre provincias en diferentes fases, mucho más lo va a ser hacer estancas zonas de mucho menor dimensión como comarcas o distritos sanitarios como han propuestos las consejerías, que también tendrían que garantizar mecanismos suficientes para identificar un posible rebrote en esas zonas menores. En el Ejecutivo afirman que los especialistas intentan encontrar una solución técnica para el blindaje de zona y que no se trata de un veto a las comunidades con el objetivo de restarle poder.

«No hay ningún mensaje político oculto», aseguró hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que insistió en que fueron los especialistas los que apuntaron a que la provincia era la unidad con un «tamaño adecuado», aunque el Ejecutivo sigue abierto a estudiar las propuestas de los gobiernos autonómicos para rebajar el confinamiento en áreas menores.

El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, garantizó este miércoles que el Gobierno «escuchará» las alternativas diferentes a la provincia que las comunidades autónomas planteen como unidad territorial de referencia «más conveniente». No obstante, Ábalos reiteró que estas alternativas deberán estar «justificadas» y que, si bien el Ejecutivo «no dirá no» a estas opciones, exigirá que «se controlen las capacidades y los niveles sanitarios y la movilidad.