Las quejas enviadas al Defensor del Pueblo por la crisis de la covid crecen un 29%

A todos estos requerimientos hay que sumar ocho escritos que solicitaban la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra el segundo estado de alarma del 25 de octubre de 2020, un asunto sobre el que el Defensor prevé pronunciarse a finales de enero del año que viene.

En lo que atañe al ámbito sanitario, las principales quejas se refieren a la saturación en los hospitales, la suspensión de la atención primaria, el retraso en las citas para consultas y operaciones o el acompañamiento a familiares en los centros hospitalarios, problemas todos ellos vinculados a la crisis del coronavirus. El SARS-Cov-2 ha demostrado la fragilidad del sistema hospitalario, que estaba mal dotado en número de camas, carecía de personal entrenado para afrontar la enfermedad y adolecía de falta de respiradores y elementos de protección. «La sanidad española ya no requiere edificios ni otras infraestructuras espectaculares, pero sí precisa una gestión más eficaz», aseguró Fernández Marugán, quien aconsejó la creación de una agencia de salud pública y acabar con la precariedad y alta temporalidad del personal sanitario.

El Defensor del Pueblo ha investigado el estado de la residencias geriátricas, que a la luz de la pandemia han dejado ver sus insuficiencias y problemas de organización, falta de sistemas de atención sanitaria, dificultad para derivar pacientes a los hospitales y ausencia de información y transparencia. El titular de la institución dijo que le parecía «desproporcionada» la «prohibición absoluta» de salidas de mayores de los centros geriátricos, así como impedir la visita de familiares. «Muchos nos han contado que no habían podido despedirse de sus familiares. Es una situación espantosa», lamentó Fernández Marugán. Por este motivo, la entidad ha propuesto a las comunidades autónomas que permitan a los mayores no contagiados volver a casa de sus familiares, aunque sea temporalmente, sin que por ello tengan perder la plaza.

«Hay que hacer un esfuerzo enorme en la mejora de las residencias. Tengo la impresión de que no todas tienen el nivel de formación e información adecuado», dijo Marugán, quien reconoció que los primeros protocolos «no consiguieron atajar el virus, que siempre ha ido por delante de la acción administrativa».

La institución mantiene abiertas actuaciones por las dificultades estructurales en el SEPE, a causa de las incidencias en la tramitación de prestaciones de los ERTE y por los problemas derivados de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.