La Ley de la Infancia prohibirá la publicidad con estereotipos sexistas y homófobas

En este último punto, «habrá cambios en la publicidad», anuncia Iglesias, encargado de presentar el proyecto en rueda de prensa. Se contempla prohibir cualquier anuncio que pueda provocar una «conducta violenta» o que fomente los estereotipos sexistas con actuaciones «homófóbas» y «transfóbicas», entre otras.

En cuanto a la prevención la ley especifica el deber de comunicar a las autoridades de forma inmediata cualquier indicio de abuso a un menor, incluso cuando sea un cónyuge o familiares cercanos. Se pretende «acabar con la invisibilización» y transformar un «problema» que hasta ahora se consideraba del ámbito privado a un plano «social». Además se crea una nueva figura, la del coordinador de «bienestar y protección», que debe estar en todos los centros educativos, con protocolos claros ante las distintas violencias, incluyendo las digitales, como el ciberbuying. Se pondrá especial cuidado en el acoso a los «colectivos vulnerables» por su condición sexual, dice Iglesias.

También se crean «nuevos tipos delictivos» para quienes inciten comportamientos peligrosos para la infancia como los trastornos alimenticios y las autolesiones. Otros grupos de niños que estarán protegidos por cláusulas explícitas de la ley son los menores extranjeros no acompañados y los que viven en pisos tutelados.

Habrá una «nueva regulación» para los delitos de odio, incorporando la edad de los niños y la aporofobia (fobia a las personas pobres), dice Iglesias, que insiste en llamar al proyecto «Ley Rhodes», aunque el pianista -que sufrió reiteradas violaciones durante su infancia- ya ha pedido públicamente que no se use su nombre, y se llame ley de la infancia.

En cuanto a la denuncia, los menores serán protegidos para evitar la revictimización, con asistencia jurídica gratuita, formación específica a policías, jueces y fiscales, y «se evitará que tengan que declarar varias veces», un aspecto de gran relevancia para los que sufren agresiones sexuales.

Uno de los puntos más reclamados por la sociedad civil, que ha participado en la redacción de la ley, ha sido la ampliación del plazo de prescripción de los delitos. Como se había adelantado, el tiempo de prescripción empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años, y no la mayoría de edad como hasta ahora. En los delitos graves, por lo tanto, que prescriben a los 15 años, el superviviente de agresiones sexuales podrá iniciar un proceso judicial hasta los 45 años.

Por otra parte, se anula la patria potestad al hombre que ha asesinado a la madre de sus hijos, algo que hasta ahora dependía de la «discreción de los jueces», dice Iglesias.