Prohibición en diferido de la publicidad del juego

La razón es que el real decreto de regulación de la publicidad de las apuestas 'online' y de los juegos de azar, que pretende acabar con lo que el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, describió como «la ley de la selva», entrará en vigor de forma escalonada y con un período transitorio de hasta diez meses. El motivo de esta prohibición en diferido es doble: busca permitir la adaptación tanto técnica como económica de los sectores –empresas, medios de comunicación, clubes deportivos, operadores de internet, etcétera– que se ven directamente afectados por los cambios. El reajuste financiero necesario no es un asunto menor, pues la promoción del juego en España crece cada ejercicio y, entre publicidad y patrocinios, mueve más de 300 millones.

Con la entrada en vigor del real decreto, el pasado 4 de noviembre, está prohibida la firma de cualquier nuevo acuerdo promocional que vaya en contra de las restricciones establecidas por la norma, pero se da hasta el 30 de agosto, como máximo, para que se adapten a los cambios los contratos que estaban en vigor cuando la norma se publicó en el BOE.

El primer cambio de calado se producirá el 1 de abril. A partir de ese día, en los anuncios de juegos de azar o apuestas está totalmente prohibido que aparezcan personas o personajes, reales o ficticios, de relevancia o notoriedad pública. No volveremos a ver ni a Sobera o Coronado, ni a Nadal, Piqué, Ronaldo o Neymar, referentes de muchos jóvenes, animando a jugarse el dinero. De hecho, Garzón confesó que aceleró la aprobación del real decreto tras enterarse de que el 40% de los nuevos jugadores españoles tiene entre 18 y 25 años.

La segunda y tercera medidas relevantes llegarán un mes después, el 1 de mayo. Desde esa fecha está prohibida la inclusión en los anuncios y en los instrumentos de captación de jugadores de bonos promocionales. Solo se le podrán ofrecer a clientes registrados y verificados y nunca a personas que muestren comportamientos patológicos con el juego. Las promociones tampoco podrán trasladar una percepción falsa de gratuidad, ni incluir testimonios de presuntos beneficiarios, ni desafiar la habilidad del jugador potencial.

Desde el 1 de mayo también estará prohibida la publicidad del juego por internet, que quedará relegada a los portales de las propias empresas del sector. Tampoco se podrá realizar este tipo de publicidad a través del correo electrónico salvo que se cuente con el consentimiento expreso del interesado, que nunca podrá ser alguien con comportamiento de riesgo. Y, en cualquier caso, los motores de búsqueda, redes sociales o plataformas de intercambio de vídeos deberán tener medios de control parental, tanto instrumentos que impidan que la publicidad del sector llegue a menores como mecanismos que permitan el bloqueo u ocultación de anuncios.

Pero la fecha clave será el 30 de agosto. Su elección no es baladí. Está pensada para que el período transitorio coincida con el fin de la temporada deportiva y que la nueva, la 2021-22, ya cumpla con todas las exigencias de la ley. Para el 1 de septiembre no habrá más anuncios de juego, tanto en televisiones como radios, coincidiendo con audiencias infantiles o 'prime time'. La única franja en que estarán autorizados es la de una a cinco de la madrugada. La proscripción horaria no solo afectará a 'spots' sino también a publicidad estática, visual o de viva voz en las retransmisiones en directo o en los programas o carruseles deportivos.

El otro gran mercado que se cerrará con el fin de la temporada será el de los patrocinios deportivos. Tuviesen la duración que tuviesen, se darán por concluidos todos los contratos que permitían promocionar firmas de juego o apuestas en camisetas y equipamientos o en nombres de estadios, clubes o competiciones deportivas. También desaparecerán estos negocios de las vallas y la publicidad exterior de pueblos y ciudades.

El largo período de adaptación a la norma se aprobó también para que nadie diga que no pudo prepararse para los cambios. Es la forma de que, agotada la cadencia legal, los incumplimientos se consideren infracciones graves y los responsables puedan ser sancionados con multas de 100.000 a un millón de euros y con la suspensión de actividades por hasta seis meses.