El PP sostiene que el Gobierno debe asumir el mando y decretar la emergencia nacional

El Gobierno y el PP, partido que comanda la Generalitat valenciana, han dejado constancia hoy con nitidez de que afrontan con criterios opuestos la gestión de las incontables consecuencias de la mayor catástrofe natural sufrida por el país en lo que va de siglo. Si esta mañana, en una declaración institucional en La Moncloa, el presidente Pedro Sánchez ponía disposición los recursos disponibles del Estado pero dejando en manos del jefe del Ejecutivo regional, Carlos Mazón, la responsabilidad de requerirlos y el mando de la crisis, la dirección de Alberto Núñez Feijóo lo ve de manera contraria en una nota informativa de cuatro folios -un «documento de trabajo» interno, según fuentes de Génova- que se ha conocido en paralelo y a la que ha tenido acceso este periódico. Ese texto, del que la formación dispuso antes de la intervención pública hoy de Sánchez, establece en sus conclusiones que el Gobierno «no puede mirar para otro lado» y que debería haber decretado la emergencia nacional, cogiendo el timón de la crisis, desde el mismo martes cuando ya se atisbaba «la magnitud de la catástrofe».

Los dos gobiernos y los dos partidos que los sustentan llevan manteniendo un pulso sobre cómo se ha reaccionado desde el inicio de una tragedia sin parangón -el punto de inflexión lo marcó el medio millar de muertos contabilizado a primera hora del miércoles, después de horas con el cielo descargando agua sin clemencia singularmente sobre la Comunidad Valenciana-, en medio de una creciente indignación de las víctimas y de sus conciudadanos primero por la tardanza en dar una alarma eficaz y, después, por la activación de recursos como el Ejército. El jueves, en unas declaraciones que soliviantaron a los socialistas y cuando el Ministerio de Interior ya había atribuido, de madrugada, la competencia en la respuesta a la Generalitat, Feijóo actuó de parapeto para defender a Mazón de los reproches que le estaban lloviendo por no haber enviado hasta las 20.11 horas del martes la alerta digital cuando ya había miles de ciudadanos atrapados por la riada. El líder del PP deslizó, entre otras cosas, que la información de la Agencia Estatal de Meteorología no había sido todo lo diligente que requería la hecatombe.

Feijóo ha venido subrayando desde entonces que esta es una «emergencia nacional» que merece la movilización de «todos los medios del Estado», mientras la tensión parecía atenuarse con la colaboración exhibida por Sánchez y Mazón y de éste con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska-, incorporado al Centro de Control de Emergencia (Cecopi) en Valencia desde este viernes. Pero el rifirrafe entre la titular de Defensa, Margarita Robles, y la Generalitat por el dilatado despliegue del Ejército evidenció que las pulsiones de bronca persistían. Y hoy ha quedado claro, al conocerse su documento reservado, que los populares creen que el Gobierno no está haciendo lo que debe al seguir dejando las riendas del desastre a lo que decida y solicite la Administración autonómica.

El partido de Feijóo encabeza su nota informativa con un repaso por el marco normativo en el que se apoya, fundamentalmente la ley 17/2015, de 09 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica

Protección Civil. Desgranados los preceptos legales y citadas otras catástrofes recientes -deja fuera la pandemia porque el Gobierno la consideró una emergencia sanitaria y no de protección civil-, el PP infiere que las descomunales inundaciones en Valencia no entrarían en la declaración de un nuevo estado de alarma a la manera de la covid, pero sí «la emergencia de interés nacional» para que el Gobierno asuma «su responsabilidad, aunque sea con retraso». Así, recuerda que ésta puede decretarse en cualquier momento, subraya que ningún desastre precedente arrasó como éste e ironiza con que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen -a la que Feijóo escribió el miércoles queriendo anticiparse al Gobierno- «ya vio desde Bruselas, a más de 1500 kilómetros» que las dimensiones de esta DANA iban a requerir el soporte comunitario.

«El Gobierno de España no puede mirar para otro lado y no asumir su parte de

responsabilidad tanto en las acciones preventivas y de alerta a la población, como en

las primeras horas de la emergencia y en las acciones de recuperación que se van a

realizar», sentencian los populares al rematar su documento. Y constatan que si Sánchez decretara esa emergencia nacional -lo que el presidente no ha hecho tampoco en su comparecencia de este sábado-, la dirección habría de sumirla el ministro Grande-Marlaska y la dirección operativa el teniente general de la Unidad Militar de Emergencia. «Si se habla de prevención o anticipación, el Gobierno de España debería establecer normativa para regular en qué situaciones las comunidades autónomas pueden realizar avisos a la población y qué implicaciones tiene sobre la actividad», remacha el texto, en otro espaldarazo implícito a Mazón.

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