La expareja de Juana Canal confiesa que la enterró en su finca de Ávila

Tras su detención ayer en Torrejón de Ardoz (Madrid) y su posterior traslado al lugar de los hechos, el acusado volverá hoy para marcar los puntos donde estarían sepultados parte de los restos de la mujer que aún no han aparecido. A falta de cuatro meses solo para que prescribiera el crimen, una vez pasados 20 años, el caso dirigido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Ávila ha sido resuelto y solo faltaría la ratificación de la confesión en sede judicial.

El cerco policial a Jesús, feriante de profesión, casado y con tres hijos, se estrechó después de que el amplio dispositivo de búsqueda -participaron más de 60 policías y guardias civiles- encontrara el pasado 17 de octubre más restos óseos de Juana en el mismo paraje de Navalacruz donde una pareja localizó por casualidad un fémur en 2019. Un hallazgo que dio un vuelco al caso tras su confirmación un año después con las pruebas de ADN (uno de los hijos de la víctima había dejado una muestra de saliva en el registro).

Desde entonces, el móvil de la desaparición, a priori voluntaria, de esta madre de dos varones y 38 años cuando se le perdió la pista se consideró como una muerte violenta. Y llegar dos años después a recomponer las piezas del puzzle no ha sido ni mucho menos sencillo para los investigadores, que han trabajado con absoluto sigilo hasta que en junio pasado la familia de Juana fue informada de que los restos hallados en Ávila eran de su madre.

Antes de conocerse la confesión, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha reconocido que «estamos en un momento muy delicado» de la investigación y dijo que el detenido «se encontraba en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila», donde podría seguir hasta 48 horas antes de pasar a disposición judicial.

La responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Ávila tomó varias decisiones previas que facilitaron la resolución del asesinato machista. Autorizó el pasado septiembre la intervención del teléfono móvil de Jesús para controlar las conversaciones. Sabían que este estaba enterado del hallazgo y la identificación de los restos de Juana, una información conocida y publicada por diferentes medios de comunicación en junio.

Además, entre los vecinos de Navalacruz se corrió la voz del movimiento de agentes por la zona incluso antes de conocerse públicamente que se habían encontrado restos óseos. Por lo que no es descabellado pensar que estos comentarios llegaron también al ahora acusado, quien a pesar de vivir en un pueblo de Madrid mantenía ciertos vínculos con su pueblo.

Según las pesquisas, en uno de estos pinchazos telefónicos Jesús se habría delatado e incluso habría apuntado a la posible participación de una tercera persona en el traslado del cadáver del piso de la calle Boldano de Ciudad Lineal, donde se habría producido presuntamente al crimen, a la zona boscosa de Navalacruz.

Juana Canal desapareció tras una discusión con su expareja el 22 de febrero de 2003. Cuando uno de los hijos regresó al domicilio tras pasar la noche en casa de unos familiares encontró una nota redactada por Jesús, que le indicaba que habían tenido un fuerte encontronazo y se había ido tras haber ingerido muchas «pastillas». Los enseres de la casa estaban revueltos y faltaban 600 euros, aunque el bolso y la documentación de la víctima permanecieron allí, según recoge la denuncia que puso en su momento la familia.

Con los datos conocidos a través de los pinchazos telefónicos, la juez de Ávila autorizó la entrada y registro en la casa de Juana de la calle Boldano, donde la Policía Científica recogió nuevos indicios. De forma paralela, facultó a los agentes a ampliar el dispositivo de campo en el paraje de Navalacruz donde apareció casualmente el fémur en 2019, unos restos que estaban semienterrados pero visibles. La búsqueda surtió efectos y se hallaron más huesos.

El colofón fue la detención ayer de Jesús y el registro de la finca y la vivienda de su familia en Navalacruz, donde los investigadores estaban convencidos de hallar más indicios para apuntalar la autoría del asesinato. Solo faltaban cuatro meses para que prescribiera el crimen cometido en febrero de 2003, ahora prácticamente resuelto con la confesión del detenido.