Piden medios para la ley que apoya a las personas con discapacidad

El vocal de la entidad, Óscar Martínez Miguel, ha denunciado que la citada norma exige a los juzgados la revisión y adaptación a la misma en el plazo de 3 años de todas las resoluciones referentes a las personas con capacidad modificada judicialmente, con patria potestad prorrogada o tutela, entre otras.

Esto, según ha indicado, implicará que «el volumen de trabajo que se avecina» en los próximos años, será «ingente».

En este sentido, la Asociación apunta que, según el movimiento asociativo de la discapacidad, cerca de 250.000 personas se encontrarían incapacitadas judicialmente en España, aunque reconocen que este número podría ser más elevado a falta de la estadística definitiva pendiente del Gobierno.

«Dado que la nueva normativa supone un cambio tan sustancial, es indudable que esta revisión va a suponer una sobrecarga importante de trabajo para los Juzgados, lo que hace necesario dotarles de medios suficientes para ello», ha insistido Martínez.

En este sentido, señala que, no se trata solo de cumplir con el plazo de tres años que mandata la ley, sino que estos recursos son necesarios «porque el nuevo sistema está enfocado en determinar qué medidas de apoyo se precisan en cada caso concreto» y, según apunta, «no es lo mismo una discapacidad sensorial que una discapacidad psíquica», y, «dentro de esta última» hay «varios grados en cuanto a la gravedad».

«Esto implica necesidades muy distintas que requerirán de medidas de apoyo específicas a la discapacidad concreta», ha explicado el vocal de la asociación, antes de indicar que con los «medios actuales» la adaptación a la ley va a resultar «complicado».

Del mismo modo, ha advertido de que «no todos los juzgados tienen adscritos gabinetes psicosociales propios que colaboren en la gestión de estos procedimientos judiciales, cuya pericia resulta necesaria para que el órgano judicial determine el grado y tipo de discapacidad de la persona y en consecuencia las medidas de apoyo que necesite».

Esta carencia, ha señalado, es endémica y, a su juicio, también va a contribuir a que «la demora» a la hora de aplicar la normativa sobre discapacidad «sea aún mayor».