8 años de cárcel por dejar tuerto al enfermero que le dijo que usase la mascarilla

Esta será la pena que pida para J. C. L. C. la Fiscalía de Madrid, que defenderá durante el juicio que se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial que el procesado, que se encuentra en prisión preventiva desde el momento de su detención, cometió un delito de lesiones. De igual manera, el representante del Ministerio Público pedirá que la víctima reciba una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 80.383 euros, para compensar la perdida de la visión de su ojo derecho.

El escrito de acusación considera que existen pruebas bastantes que demuestran que el 13 de julio de 2021, sobre las 22:30 horas, J. C. L. C. viajaba en el interior de un vagón del metro de la línea 1, en el que realizaba el trayecto comprendido entre las estaciones de Cuatro Caminos y Alto del Arenal. En un momento dado, otro pasajero, enfermero de profesión, G. M. C., le requirió en varias ocasiones para que se colocara «correctamente» la mascarilla dado que la llevaba puesta a la altura de la barbilla sin cubrir nariz ni boca.

Otros pasajeros se unieron a la protesta pese a lo cual el acusado se negó «reiteradamente» a ponerse la mascarilla en su sitio. Fue el propio enfermero quien lo hizo, por lo que comenzó entre ambos una discusión en la que se lanzaron mutuamente patadas y puñetazos hasta que fueron separados por otros usuarios sin consecuencias lesivas para ninguno de ellos.

El fiscal defenderá ante los magistrados que, segundos después, cuando el vagón se detuvo en la parada de metro Alto del Arenal, y antes de abandonar el tren, el acusado, «con ánimo de menoscabar la integridad física» de G. M. C., dio al enfermero un puñetazo en un ojo con el borde del teléfono móvil que llevaba en la mano mientras le gritaba «¡gilipollas, ojalá te mueras!» y huía del lugar. Como consecuencia de la agresión, la víctima perdió la visión de su ojo derecho, unas secuelas oculares que le suponen «un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado ligero».

El acusado fue detenido una semana después del ataque, el 19 de julio de 2021, e ingresó en prisión provisional por orden del juez dos días después, el 21 de julio, una vez que le tomó declaración. El fiscal subrayará ante el tribunal durante el juicio que J. C. L. C. es un inmigrante indocumentado, ya que en estos meses «no ha aportado documentación alguna que le permita permanecer en España» y que, pese a las averiguaciones realizadas por la acusación, tampoco consta «la existencia de razón alguna que justifique su permanencia en España».