El PP pide al Congreso que vuelva a autorizar la caza de lobos

Si los populares logran el respaldo del pleno, el depredador ibérico seguiría siendo especie protegida y no cinegética en los territorios al sur del Duero, donde los cánidos silvestres son una mera curiosidad, y, por el contrario, en el norte de Castilla y León y en las regiones cantábricas, donde vive el grueso de las 300 manadas que hay en la península, los lobos dejarán de ser intocables y podrán ser abatidos siempre que se cumplan las condiciones que fije cada regulación autonómica. En estas autonomía volvería a permitirse lo que el proyecto bautiza eufemísticamente como «medidas de gestión»

La proposición tiene escasas posibilidades de prosperar porque los seguros votos a favor el PP, Vox y, posiblemente, de Cs y algún diputado del grupo mixto no parecen suficientes para superar los previsibles 'noes' de los dos socios en el Gobierno y de, al menos, la izquierda nacionalista. La iniciativa posiblemente acabe en la papelera, pero su presentación es de gran utilidad política. Activará un debate en sintonía con las demandas de los ejecutivos populares de Castilla y León y Galicia, cuyos pastores y ganaderos conviven con el 90% de los lobos, y permite a los conservadores alzar la bandera de defensa del mundo rural, que la ultraderecha trata de disputarles abiertamente.

El PP justifica la vuelta atrás en que las medidas para prevenir los ataques del lobo –ayudas para cercados o mastines– y las compensaciones por las pérdidas –subvenciones e indemnizaciones– son insuficientes para contrarrestar los daños de los cánidos silvestres a vacas, ovejas, cabras o caballos y, sobre todo, para evitar que la presión sobre los ganaderos de León, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias o Cantabria «ponga en peligro el futuro de su actividad y del mundo rural». El problema de fondo es que los pastores y ganaderos tradicionales no ven en el lobo más que una alimaña mientras los naturalistas retratan un animal autóctono en riesgo de extinción.

El principal partido de la oposición está convencido de que las manadas de lobos que hoy hay en la península suman muchos más de los 2.000 o 2.500 ejemplares que estimó el último censo oficial (2014). Prueba de ello, defienden, son los cada vez más frecuentes y preocupantes ataques a rebaños, por lo que «no debería ser necesario mantener medidas tan estrictas de protección», como es la prohibición total de la caza, confiesan en el preámbulo de la ley.

Transición Ecológica ya trabaja en la realización de un nuevo censo actualizado del número de manadas que hay en la península y de cuáles son sus zonas de tránsito y ha prometido a autonomías y ganaderos, a cambio del blindaje legal de las manadas, implantar generosas ayudas para la prevención de los ataques e indemnizaciones rápidas y suficientes para compensar daños sobre los rebaños.