«La pandemia ha agravado las diferencias entre hombres y mujeres en los cuidados y el Estado tiene que intervenir»

– La pandemia ha supuesto un retroceso en la igualdad. ¿Las administraciones, empezando por su Ministerio, podían haber garantizado la conciliación de estas familias?

– Hay un gran deber que tiene el Estado con las mujeres y que se ha visto agravado por la emergencia sanitaria, que tiene que ver con la ausencia de políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad. Las tareas de los cuidados, como hacer la compra o la comida, son esenciales para la vida y la economía. Ninguna economía resistiría muchos días sin que las mujeres hiciesen esas tareas, porque son mayoritariamente ellas quienes las realizan. Todos necesitamos la higiene y el cuidado para poder vivir y sin embargo siempre han permanecido fuera de los indicadores económicos. Esa es una deuda que el Estado tiene con las mujeres desde antes de la emergencia sanitaria, pero la pandemia la ha agravado y la ha puesto de manifiesto. Por eso, en lo peor de la emergencia sanitaria, desde el Ministerio de Igualdad planteamos el plan corresponsables, para asegurar la conciliación de las familias con hijos menores de 16 años. Decir las familias es decir las mujeres, que son quienes se ocupan mayoritariamente de los cuidados. Una mujer con hijos dedica 37 horas y media a la semana a las tareas del hogar y un hombre, 20 horas. Es una diferencia abismal. Si se contabilizaran esas tareas de cuidados en la riqueza de los países supondrían un 9% del PIB mundial, y en el caso de España, un 15%.

– ¿Se plantean regularizar estos cuidados no profesionales?

– Estamos trabajando no solo en que las tareas de cuidados se repartan más equitativamente entre hombres y mujeres, sino en que el Estado se haga corresponsable de esas tareas. Igual que nuestra sociedad tiene muy claro que la salud es un asunto público que nos concierne a todos y a todas y, por tanto, tiene que existir un sistema nacional de salud, nuestra sociedad está entendiendo que es necesario un sistema estatal de cuidados. Que esas tareas no sigan recayendo de forma no remunerada y absolutamente invisible sobre los hombros de las mujeres. Estas políticas públicas van desde los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles hasta el plan corresponsables.

– El retroceso de la natalidad también se ha visto intensificado por el coronavirus. ¿Cómo se puede frenar esta caída?

– La mejor forma en la que un Gobierno puede proteger el derecho de las mujeres a decidir cuándo ser madres tiene que ver con garantizar los derechos que son fundamentales para vivir. Que las personas no vivan con la absoluta incertidumbre de si mañana tendrán trabajo o vivienda. Y eso se puede llevar a cabo con medidas muy concretas. La subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros beneficia sobre todo a las mujeres, y particularmente a las más jóvenes, que son las que más lo cobran. La garantía del acceso a la vivienda y la regulación de los precios de los alquileres, de forma que la vivienda sea antes un derecho que un bien con el que pueden especular los buitres financieros. Acabar con la inestabilidad en el empleo... Y tenemos una deuda pendiente también con los trabajos a tiempo parcial. Más de un 90% los ocupan mujeres para poder compatibilizar lo laboral con las tareas de cuidados. También debemos garantizar las políticas de conciliación.

– ¿Es cada nuevo caso de violencia machista un fracaso de las administraciones por no llegar a tiempo?

– Precisamente la última víctima había pedido ayuda. Había confiado en el Estado y, efectivamente, hemos fallado. Por eso, por muchos avances que estemos haciendo, siempre que haya una mujer que está sufriendo violencia o siempre que no lleguemos a tiempo debemos revisar hasta el último protocolo para garantizar los derechos de esas mujeres.

– ¿Qué hay que hacer para avanzar en la detección y prevención?

– Hay varias medidas que estamos desplegando en coordinación con otros ministerios y las comunidades autónomas y entidades locales, que son quienes tienen la competencia para desarrollar muchas de estas acciones. Por ejemplo, está el cribado universal en el sistema nacional de salud para que el pediatra de los hijos de una mujer maltratada o el médico de cabecera estén formados para poder detectar situaciones de violencia. A veces son el único lugar que las mujeres identifican como seguro para poder contar la situación de violencia que están sufriendo. Esta medida está en pleno desarrollo y elaboración con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas. En esa misma línea, hay que reforzar la formación y la especialización de todo el personal jurídico y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo de aquellos que están en unidades específicas de violencia contra las mujeres. Hay mucha infradenuncia de la violencia de género todavía. Lo que ya no cabe duda es que las políticas feministas son una cuestión de Estado. Nadie se imagina nuestro país sin leyes feministas que garanticen los derechos de las mujeres.

– ¿El movimiento feminista llega a este 8-M igual de fuerte que cuando inundó las calles en 2020?

– En todo movimiento social, y particularmente en el movimiento feminista, se ha echado en falta el contacto físico y la posibilidad de reunirse y construir juntas. Somos muy conscientes de la importancia de la presencialidad. Este 8-M las mujeres, las feministas, van a volver a teñir de morado las calles. Y nos va a sentar bien. Va a sentar bien al movimiento feminista. Juntarnos y seguir reivindicando la conquista de todos nuestros derechos. En este momento de crisis global que estamos viviendo, además, el movimiento feminista ha sido capaz de plantear un proyecto de sociedad que consiste en garantizar los derechos para todas las mujeres y, a través de ello, amplía las oportunidades de felicidad del conjunto de la población, también de los hombres.

– Con la nueva ley del aborto los hospitales públicos deberán tener un profesional para practicar abortos y habrá un registro de objetores. ¿Se han encontrado con un alto número de ellos?

– En los hospitales públicos no se están practicando todas las interrupciones voluntarias del embarazo que se deberían hacer. La inmensa mayoría se practican en centros extrahospitalarios y en centros privados. En Euskadi, por ejemplo, hubo más de 3.400 abortos en 2020, de los cuales solamente 171 fueron realizados en la red pública. Suponen el 9,3% del total. Tenemos que hacer compatible un derecho individual y constitucional como es el derecho a objetar, pero debemos regularlo para que también se cumpla el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Muchas veces las mujeres tienen que desplazarse cientos de kilómetros para poder practicar un aborto. Una mujer precaria quizá no puede permitirse coger dos días de fiesta para trasladarse a otra comunidad y le despiden.

– Que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno ha generado mucha crítica entre la oposición...

– Las jóvenes entre 16 y 18 años en nuestro país pueden decidir pos ellas mismas sobre su propia salud, incluso realizarse intervenciones a vida o muerte. Por tanto, es más que razonable que puedan decidir la interrupción voluntaria de sus embarazos si es lo que desean. Y que lo hagan con todas las garantías. Cuando se trata de reconocer y avanzar en derechos para las mujeres, siempre hay resistencias. Ha pasado con todas las leyes feministas y, ahora que estamos consolidando una nueva generación de derechos feministas, también las habrá.

– La bajada del IVA en los productos de higiene femenina es una medida que las mujeres llevan tiempo demandando. ¿Se va a llevar a cabo con la nueva ley?

– Nosotras lo hemos propuesto ya en varias negociaciones y lo seguiremos haciendo. Las generaciones más jóvenes hablan cada vez más de la salud sexual. Antes era una cuestión que se vivía desde el estigma y la vergüenza y ahora tiene que formar parte del debate público. Tenemos que ser capaces de que haya una distribución gratuita en las escuelas e institutos y de que su gratuidad esté garantizada para las mujeres más vulnerables.

– La ley trans lleva meses en 'standby'. ¿Cree que va a salir adelante tal y como está en el anteproyecto o teme otro dictamen negativo del Consejo General del Poder Judicial?

– Cuando el Consejo General del Poder Judicial emita sus informes los leeremos y trataremos de que sirvan para mejorar nuestras leyes. No estoy contenta con los retrasos que sufre sistemáticamente la tramitación de todas las leyes feministas que se impulsan en nuestro país. Pero la ley, que ha implicado renuncias en el proceso de negociación para conseguir ese acuerdo, es una buena ley.