La olla podrida de la Iglesia

«Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta un caso de pederastia, es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?», contestó a un periodista en mayo de 2014 en el regreso de su viaje a Tierra Santa. Todavía perduraba la doctrina de algunos cardenales de rebajar la exposición mediática y echar tierra sobre los casos, pese a la magnitud de una catástrofe moral que amenazaba con arruinar la credibilidad de la Iglesia católica.

Fue en enero 2018, al estallar el 'caso Karadima' en Chile, cuando Francisco entonó el hasta aquí hemos llegado, al comprobar que había sido engañado sobre el alcance de la violencia de aquel cura depredador, protegido por su arzobispo. El escándalo se llevó por delante a todo el episcopado chileno y forzó a organizar una cumbre antipederastia en Roma. El Papa recurrió al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, una especie de fiscal eclesiástico y uno de los mayores expertos del Vaticano de la lucha contra la pederastia. Scicluna es el que ha pilotado el proceso para romper el muro de silencio y obligar a las iglesias locales a poner orden en sus diócesis con la apertura de oficinas de víctimas, respaldadas con todo un corpus legislativo.

Para entonces, algunas iglesias ya se habían puesto las pilas y habían iniciado sus propias investigaciones, convertidas en piedra de escándalo. Irlanda, con una fuerte tradición católica, fue una de las primeras, aunque lo hizo de manera renqueante y espoleada con informes de instituciones ajenas. La más importante se inició en el año 2000 y concluyó en 2009 tras nueve años de investigaciones y más de 2.000 testimonios. Concluyó que las autoridades eclesiásticas conocían el «abuso endémico» al que fueron sometidos 35.000 niños entre los años 50 y 80. Dado que ocurrieron en centros públicos, el Estado y la Iglesia llegaron a un acuerdo para pagar 'a escote' las indemnizaciones: el primero abonó 1.200 millones de euros, la segunda, 128 (un 10%). El Estado se disculpó por su connivencia con los malos sacerdotes.

Fue ese año 2000 cuando arreció la tormenta de escándalos. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde algunas de las espinas que laceraban a la Iglesia tenían color púrpura. En 2002, el cardenal Bernard Law, al frente de la poderosa diócesis de Boston, fue forzado a dimitir por haber encubierto a numerosos curas pedófilos. La presión mediática fue determinante tras las exclusivas del 'Boston Globe', cuyo trabajo de investigación fue llevado al cine con la película 'Spotlight'. Aún así, estuvo protegido por el Vaticano.

Años después seguiría su mismo camino el cardenal McCarrick, arzobispo de Washington D.C. Hombre fuerte de los obispos norteamericanos, fue expulsado del clero y reducido al estado laico, la pena más dura de la ley canónica. El Gran Jurado de Pensilvania publicó en 2018 un informe desgarrador en el que concluía que durante sesenta años al menos 300 sacerdotes habían abusado de un millar de menores. Las diócesis de EE UU han pagado miles de dólares en compensaciones, aunque muchas de ellas se han declarado en bancarrota para evitar indemnizaciones millonarias.

La Iglesia alemana también madrugó antes que otras para dedicarse a la limpieza que predicaba Benedicto XVI. Los obispos germanos comenzaron en 2002 a establecer pautas para enfrentarse a la epidemia de abusos, pero fue en 2010 cuando encargaron a tres universidades un estudio criminológico, psiquiátrico y sociológico para determinar el alcance de los abusos desde 1946. Los resultados se conocieron en 2017: al menos 3.600 niños sufrieron algún tipo de abuso sexual por parte de 1.600 depredadores. De ellos, sólo el 38% fueron procesados y la mayoría siguieron procedimientos disciplinarios menores. Hubo denuncias, pero las autoridades eclesiásticas actuaron «con mucho descuido», incluso con actos castigados en sede judicial.

En Australia, las denuncias afloraron pronto en los años noventa gracias a las investigaciones de los medios de comunicación, centradas en el papel de la Iglesia con los más de 4.000 huérfanos de la Segunda Guerra Mundial acogidos en orfelinatos dentro de un plan gubernamental. En 2012 fue el propio Ejecutivo el que creó una comisión, que trabajó durante cinco años y escuchó a 17.000 personas. Las víctimas señalaron a 1.880 sacerdotes y religiosos. En 2018 el primer ministro, Scott Morrison, emitió una disculpa nacional en la que admitió que el Estado había fracasado al no proteger a los menores durante décadas. Y fue el propio Estado el que estableció un plan nacional de indemnizaciones. Alguna de las víctimas recibió hasta 92.000 euros.

Un asunto muy polémico en Australia ha sido el procesamiento del cardenal George Pell, exjefe de finanzas del Vaticano, condenado a seis años de cárcel por cinco delitos de pederastia, pese a que el purpurado siempre defendió su inocencia. Recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior, el equivalente al Supremo español, que finalmente decidió su absolución. Fue puesto en libertad tras permanecer 404 días en prisión. Casos como este han abonado la tesis de que la Iglesia ha sufrido un ensañamiento especial frente a otras instituciones, lo cual no rebaja ni un ápice la gravedad de los crímenes cometidos por una parte notable de clérigos y personas consagradas en el contexto de unas relaciones de poder, que se han ejercido desde la supremacía religiosa y el control de las conciencias de los más vulnerables.

La conmoción también ha llegado de manera reciente a Canadá con el descubrimiento de los esqueletos de 250 niños, fallecidos en orfanatos. El Gobierno estableció en su día un sistema de residencias escolares para niños indígenas, gestionadas por órdenes religiosas. Los internos pasaron de 150.000 y se ha documentado que cerca de 4.000 murieron durante su estancia. El Ejecutivo de Otawa cargó en un primer momento contra la Iglesia, sin admitir que se trata de una responsabilidad compartida porque fallaron todos los sistema de control y vigilancia. Ahora se ha comprometido a crear un fondo de compensación. Al margen de estos casos, otras víctimas han alcanzado acuerdos extrajudiciales con la Iglesia por cerca de 50 millones de dólares.

El capítulo más reciente lo ha protagonizado la Iglesia francesa tras reconocer en el Informe Sauvé la existencia de 216.000 víctimas de abusos (de personal religioso ) y 114.000 (de personal laico en espacios católicos) desde 1950. Una cifra escalofriante. La investigación lleva el apellido del vicepresidente del Consejo de Estado de Francia, una figura independiente y con credibilidad social contrastada. Los obispos no sólo han hecho actos de contrición y jornadas de oración tras admitir su responsabilidad institucional y la «dimensión sistémica» de las agresiones, sino que han pasado de las palabras a los hechos y han anunciado que venderán patrimonio para pagar a las víctimas de violencia sexual, una de las recomendaciones de la comisión auditora. En septiembre crearon ya un fondo de 5 millones de euros para compensar a los afectados, aunque los delitos hayan prescrito.

La jerarquía gala decidió en 2018 encarar sus responsabilidades tras décadas de mirar hacia otro lado, por lo que encargó la investigación a un grupo independiente de 22 expertos, entre ellos abogados, teólogos e historiadores. Era una forma de reconocer que necesitaba ayuda externa en una institución muy endogámica, acostumbrada a ser poco transparente. Ahora ha formalizado nueve grupos de trabajo para implementar las recomendaciones y ha impulsado un organismo nacional independiente de reconocimiento y reparación, que estará presidido por una mujer, la abogada Marie Derain de Vaucresson, inspectora general de Justicia, dedicada durante años a la protección de la infancia.

La actitud de la Iglesia en estos países a la hora de afrontar la violencia sexual con las menores contrasta con la posición del Episcopado español, que ya ha dicho que no está en su agenda inmediata investigar «de manera proactiva» los abusos cometidos por sacerdotes y religiosos. Hasta ahora ha admitido 358 casos con cerca de un millar de víctimas. Lo que sí ha hecho es abrir oficinas en todas las diócesis para atender a las personas que denuncien agresiones de esta naturaleza. También se ha abierto a compensar a las víctimas tras su evaluación caso por caso.

Los afectados, sin embargo, «no buscan dinero. Quieren que se les escuche y que se les pida perdón tras años de ocultamiento y silencio espeso», asegura un portavoz de la oficina abierta hace dos años en la diócesis de Bilbao, que ha tratado siete expedientes muy distintos, incluso de casos que no tienen que ver con este territorio eclesiástico. Para las víctimas es como «una cadena perpetua».