Obligación de vigilancias extraordinarias en todos los casos de violencia de género en los que estén implicados menores, agresores reincidentes o maltratadas reacias la denuncia, valoraciones más frecuentes y fiables del riesgo que corren las víctimas o mayor coordinación entre policías, jueces, prisiones y servicios de ayuda a las maltratadas son algunas de la medidas que incluye el nuevo modelo español de respuesta policial contra la violencia de género presentado hoy por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Igualdad, Ana Redondo.
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La nueva estrategia, que busca reducir en lo posible los 47 asesinatos de género ocurridos el año pasado, se basa en dos novedades complementarias. La renovación por completo del sistema VioGén, la plataforma informática que ayuda a la policía a definir el nivel de riesgo de cada maltratada y de sus hijos y las medidas a tomar para su protección, y el Protocolo 2025, el manual de procedimientos y medidas que deberá seguirse en todas las comisarias y cuarteles para determinar el peligro que corren las víctimas y las acciones obligadas a adoptar para el seguimiento de cada caso, que a su vez son también las directrices y la lógica que marca las decisiones de VioGén 2. Una y otra herramienta pretenden ser la respuesta a los principales déficits del sistema detectados en el último lustro, que explicaron los fallos en la protección de algunas de las mujeres asesinadas por sus maridos o exparejas.
El nuevo VioGén, que lleva siete meses en prácticas en comisarías y cuarteles de varias provincias, tiene como principal objetivo, según el responsable de Interior, reducir al mínimo los errores en la valoración del nivel de riesgo que corren las maltratadas. Para lograr este análisis más fino y fiable cuanta con más información sobre víctimas y agresores, incorpora nuevos indicadores en los formularios de valoración del riesgo que rellenan los agentes y sus algoritmos se han recalibrado para corregir los errores del pasado y responder a los nuevos protocolos.
Se trata de un sistema capaz de admitir funciones y correcciones futuras, más protegido ante brechas de seguridad, que incorpora por primera vez la información de todas las bases de datos policiales (nacionales, autonómicas y locales), penitenciarias, judiciales, de atención a las víctimas de género y de violencias sexuales y también de los sistemas en los que descargan sus datos las pulseras GPS y los dispositivos de alerta que de las víctimas y de la 'app' policial de comunicación de delitos y riesgos (Alertcops). Esto permite mejores evaluaciones y seguimientos policiales, pero también una conexión y coordinación permanente y rápida entre todos los actores implicados en la lucha contra esta lacra, que recibirán notificaciones automatizadas con novedades y alertas sobre los casos abiertos y de su incumbencia.
El complemento a la modernización de la plataforma digital policial es el Protocolo 2025, que especifica y define las medidas de protección policial de obligado cumplimiento según cada nivel de riesgo y cómo deben elaborar y ejecutar los agentes el plan de seguridad personalizado para cada víctima según su tipología.
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Una de las novedades principales es que desaparece del sistema el nivel de riesgo «no apreciado», que prácticamente hacía que esa denuncia no tuviese seguimiento, lo que asegurará una obligación de control policial de todas las víctimas. Todos los casos tendrán asignado un grado de riesgo (bajo, medio, alto o extremo) y en el nivel bajo se subdividirá, a efectos de gestión del peligro, según si la denunciante tiene o no medidas de protección judiciales. En la actualidad VioGén tiene activos en España casi 102.000 casos de violencia de género, de los que unos 58.400 tienen medidas de protección policiales, con 23 mujeres y niños en peligro extremo y 788 en alto riesgo. En sus más de 17 años de existencia, este sistema ha gestionado 843.000 casos y ha realizado 7,3 millones de evaluaciones de riesgo.
El nuevo manual ordena evaluaciones de riesgo más frecuentes y rápidas, para responder antes a cualquier cambio significativo, y en los casos con un mayor peligro las medidas de protección alta se mantendrán sin tocar durante más tiempo para evitar caídas bruscas de la seguridad en las reevaluaciones posteriores.
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Pero el punto más novedoso es el que ordena a todas las unidades policiales cómo deben proceder ante lo que denomina episodios de violencia de género de «especial relevancia». Esta categoría es la que define a los casos en los que hay implicados menores, agresores persistentes (con varias denuncias) o víctimas reacias a presentar denuncia y a la intervención policial o de perfil muy vulnerable.
En la gestión de los expedientes de estos grupos de riesgo cualificados los agentes estarán obligados a realizar vigilancias extraordinarias, con un seguimiento «más riguroso y eficiente» de la protección de las víctimas, y a desplegar medidas de ciberseguridad para evitar que el uso de dispositivos electrónicos y de las redes sociales por las maltratadas o sus hijos puedan suponer un riesgo adicional.
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El manual obliga a adoptar medidas y estrategias específicas de protección si en ese hogar acosado por la violencia de género conviven menores, una disposición que responde a la preocupación por el fuerte crecimiento de los crímenes vicarios (padres y exparejas que asesinan a los hijos para dañar a las madres), con ocho menores muertos en 2024, el segundo peor registro de la serie histórica.
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