Nueve víctimas de abusos sexuales denuncian a los obispos por publicar sus datos

Nueve víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia denunciaron el lunes a la Conferencia Episcopal Española (CEE) por publicar sus datos personales y los detalles de las agresiones sexuales que padecieron hace décadas. Según informa el diario 'El País', los obispos divulgaron durante al menos 18 días la identidad de 45 víctimas de pederastia clerical y los detalles de sus agresiones en un documento que requería confidencialidad. La jerarquía eclesiástica mantiene conversaciones con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y no piensa explicar por ahora su postura sobre la infracción cometida.

Los relatos y la identidad de las víctimas figuraban en el informe de la auditoría que los prelados encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo sobre el problema. Los damnificados por la revelación atribuyen a la CEE un delito de revelación de secretos y encubrimiento. Por añadidura, responsabilizan de los hechos al director de comunicación de la jerarquía católica, José Gabriel Vera; al vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, y al bufete Cremades. La denuncia también señala al letrado Alfredo Dagnino, el socio de Cremades que filtró a los mitrados un falso borrador de la auditoría y que fue después desautorizado por el despacho de abogados.

El abogado de las víctimas, Luis Felipe Gómez Ferrero, aduce que «independientemente de la gravedad que supone un delito de filtración de estos datos tan sensibles, la denuncia recoge el sufrimiento que han padecido durante décadas un grupo de personas que, además de haber sido agredidas sexualmente, han seguido siendo revictimizadas por la Iglesia». Gómez Ferrero alude a algunos de los casos de las personas que él ahora defiende, en los que la Iglesia conoció en su momento el delito, pero lo ocultó. «Prueba de esta revictimización es la negligencia con la que han tratado sus datos, sus historias y sus secuelas, algo que debe ser confidencial», dijo el abogado al periódico.

La ley establece que, cuando se produce una brecha de seguridad, es el responsable del incidente, en este caso la CEE, quien debe comunicarlo a la AEPD en un plazo de 72 horas después de saberlo, e incluso advertir a los afectados cuando se incluyen datos sensibles. La agencia informó entonces de que nadie le había notificado el incidente, envió una orden de medida cautelar a la empresa tecnológica responsable y esta finalmente retiró el contenido este mayo. La AEPD abrió una investigación de oficio que sigue en curso. La indagación, paralela a la posible causa que inician ahora las víctimas, puede alargarse durante meses y contempla multas que van de los 300.000 euros a los 20 millones, aunque nunca se ha alcanzado la cifra máxima.

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