Los naturalistas llevan al Ejecutivo cántabro ante el fiscal por matar lobos

La organización ecologista centra su denuncia en el director general de Biodiversidad del Gobierno Cántabro, Antonio Lucio, que es la autoridad administrativa que firmó las órdenes para abatir a estos cánidos salvajes en las comarcas cántabras de Polaciones, Campoo de Suso y Cabuérniga, donde el Ejecutivo autonómico indica que los lobos habrían protagonizado más de 200 ataques a rebaños en los últimos nueve meses, con 231 cabezas de ganado muertas. Las órdenes para la caza selectiva, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, se les dan a los agentes regionales de medio rural.

WWF no solo reclama a la Fiscalía que se investigue el incumplimiento por el Gobierno de Cantabria de la normativa vigente -la orden ministerial dictada por Transición Ecológica que declaró en septiembre al lobo especie protegida también al norte del Duero- sino que le pide que también lo haga por un delito contra la fauna. En su denuncia solicitan expresamente al acusador público que recabe toda la información precisa sobre las personas que van a tomar parte directa o indirectamente en la muerte de estos lobos, para que se les puedan exigir las responsabilidades penales correspondientes.

La organización mantiene que estas órdenes, además de una «decisión ilegal», son una «decisión unilateral» adoptada por el Gobierno de Cantabria, sin autorización alguna del Ministerio de Transición Ecológica. El ministerio que dirige Teresa Ribera lleva una semana callado, puesto de perfil y sin valorar lo que WWF no tiene duda alguna de que es un desafio político para comprobar hasta dónde se les permite llegar, desafío al que están atentas las otras autonomías loberas, Castilla y León, Asturias y Galicia, todas radicalmente opuestas a la prohibición de matar lobos, que ya han avanzado que pretenden continuar y replicar de inmediato en sus territorios la senda de caza selectiva inaugurada por Cantabria.

La denuncia de la ONG naturalista defiende que el Ejecutivo cántabro pretende dar un aspecto de legalidad a sus resoluciones de caza amparándose en las situaciones excepciones que prevé la propia normativa de protección, que indica que estas acciones extremas solo caben si se han tomado todas las medidas preventivas posibles sin éxito ni alternativas, si los daños a la cabaña ganadera son importanes y si con las muertes no se pone en riesgo la conservación de la especie.

WWF considera que, además de que estas situaciones extremas deberían ser autorizadas por el ministerio, los responsables políticos cántabros habrían renunciado a implantar todas las acciones preventivas posibles, pues solo contarían con alguna de estas medidas protectoras cuatro de las más de 100 explotaciones ganaderas que se pretenden proteger con la muerte de los lobos. Tampoco creen que las resoluciones que autorizan la caza selectiva demuestren que los perjuicios a los ganaderos sean importantes nio que el estado de conservación de la especie en ese territorio sea el adecuado para abatir ejemplares, pues recuerdan que la Comisión Europea lo califica de estado «desfavorable».

En resumen, Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, entiende que «el lobo se ha convertido en un rehén político» y que «la decisión unilateral de matar lobos de manera ilegal es un desafío por parte del Gobierno de Miguel Angel Revilla al Gobierno central y a toda la sociedad que apoya masivamente la protección de la especie».

Del Olmo hace un llamamiento a la administación cántabra para que «deje de matar lobos y se adapte a la legalidad y a los criterios de la Comisión Europea y se ponga de una vez por todas a trabajar en serio para aprovechar los 20 millones de euros aprobados por el ministerio para poner en marcha medidas eficaces que reduzcan los daños y realmente favorezcan a los ganaderos y a la conservación de la ganadería extensiva».