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AYTHAMI PÉREZ
BURGOS
Sábado, 24 de noviembre 2018, 09:13
Si no se conoce la realidad no se puede cambiar. La realidad nos arroja noticias constantemente sobre casos de violencia de género. Mañana, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aportamos algunas cifras que reflejan esta realidad ... . Desde la Plataforma Estambul Sombra se suspende a España en el cumplimiento del Convenio de Estambul entre 2014 y 2018. Desde la plataforma se precisan datos actualizados, segregados y trabajados que ayuden a visibilizar la magnitud de las violencias machistas.
Sin estos datos es imposible evaluar y promover políticas públicas que den respuesta a las necesidades existentes. El último gran análisis oficial sobre este tema es la macroencuesta de 2015. Con el portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia Género dio un gran salto pero es necesario ir más allá. Se necesitan sobre todo datos sobre protección social, atención jurídica, psicológica y social de proximidad o los recursos residenciales, por ejemplo.
Burgos llega a este domingo 25 de noviembre con una mujer asesinada en lo que va de año, 9 desde que el 1 de enero de 2003 se creara en España este registro estadístico. En Castilla y León han sido dos las mujeres asesinadas este año y a nivel nacional la cifra sube hasta 44, en 2017 fueron 51. ¿Hay que alegrarse por esa mínima reducción? Un solo caso ya es una atrocidad.
El día 29 de abril de 2018, S.P.M., una mujer de 34 años, moría en Burgos tras la paliza que le propinó su expareja, un hombre de 36 años que quebrantó la orden de alejamiento que pesaba sobre él. Actualmente, en toda la provincia de Burgos hay 247 mujeres con protección policial por ser víctimas de violencia de género. En total hay 510 casos activos en la provincia y tres de ellos son considerados de alto riesgo. A nivel regional, solo León supera a Burgos en casos activos de violencia de género con 523 casos. En este sentido, en nuestra provincia hay actualmente un solo dispositivo de seguimiento activo en un agresor. En el año 2017 había tres.
Las denuncias por violencia de género aumentaron en el año 2017 con respecto al año anterior pero es que en 2016 también crecieron con respecto al 2015. En el año 2015 se registraron 621 denuncias; en el 2016,763, y 845 denuncias en 2017. En lo que va de año se han registrado 407 denuncias por esta violencia.
Las órdenes de protección actuales en la provincia se sitúan en 128. En el año 2017 eran 242 y en el 2016 eran 237 órdenes de protección activas en todo Burgos. Las llamadas registradas al 016 en toda la provincia en lo que va de año han sido 455, mientras que en todo 2017 se realizaron 475 llamadas y estas subieron a 622 en el 2016.
El sistema y la sociedad están fallando a la hora de afrontar y acabar con la violencia de género. La visibilidad, la educación, la reivindicación, la protección son importantes pero un solo caso ya es una derrota en esta lucha. «La prolongada esclavitud de las mujeres es la página más negra de la historia de la humanidad», Elisabeth Cady Stanton.
Las organizaciones feministas hablan de la ausencia de educación, desde los currículos educativos desde primaria hasta la especialización en todas las profesiones relacionadas con la violencia machista. También se pide adecuar la normativa de extranjería a la de violencia de género, recuperar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social a mujeres y menores inmigrantes o discriminados. También se pide que existan en todas las provincias Unidades de Valoración Forense Integral y que las que hay tengan recursos económicos, humanos y materiales. Unidades especializadas en violencia sexual en organismoz como la Policía o la Fiscalía, donde ya se han creado, pero faltan en muchos otros.
Hace falta que se hagan reales medidas como el derecho a protección sin tener que denunciar al agresor o la subida de las pensiones de orfandad por violencia machista.
La lista es larga, que las víctimas de trata sean tratadas también dentro del marco de la violencia de género, que mejoren los procedimientos judiciales para que no acaben siendo revictimizadas o vengadas en sus países de origen.
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