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Eugenia C. tenía 53 años y una discapacidad que la había condenado a moverse en una silla de ruedas. Vivía de alquiler en Jerez y se dedicaba a la mendicidad. A ella, de ojos azules y cabello blanco peinado con coletas, su pareja, un hombre ... de 55 años, la llevaba cada día al centro de la ciudad, donde ella, sobre cartones, esperaba las limosnas. Vivían juntos en una descascarada casa del casco histórico. La mañana del jueves los vecinos alertaron de una fuerte discusión dentro de la vivienda. Cuando las autoridades llegaron, ella tenía el cráneo roto a martillazos. El hombre de 55 años y nacionalidad rumana, como ella, había ingerido un puñado de pastillas. La policía lo llevó al centro de salud y después a la comisaría.
El asesinato de Eugenia C. es la punta de un iceberg que se asoma con toneladas de datos que demuestran la mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad frente a la violencia de género. Aunque es la primera con algún grado de discapacidad que ha sido asesinada en este año -que ya suma 32 casos confirmados de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas-, los distintos tipos de agresiones machistas se ceban con este colectivo. Aquellas que tienen acreditada algún tipo de discapacidad sufren más violencia física y sexual por parte de sus parejas.
«Las mujeres y niñas con discapacidad son más vulneradas puesto que la violencia se presenta en múltiples contextos, como el institucional, el sanitario o el familiar, especialmente cuando es ocasionada por parejas o personas del entorno», afirma Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). «Están más expuestas a las agresiones, dependen de una persona cuidadora y no disponen de mecanismos de defensa y protección que sean accesibles universalmente para prevenir, denunciar o pedir ayuda».
El 20,7% de este grupo ha vivido la violencia de género frente al 13,8% de las que no tienen discapacidad. Además, fuera del ámbito de la pareja también son víctimas de una mayor violencia sexual, un 10% a lo largo de sus vidas, mientras las mujeres sin discapacidad reportan un 6,2%. «La prevalencia de la violencia en la pareja a lo largo de la vida entre las mujeres con discapacidad acreditada es mayor que entre las mujeres sin discapacidad acreditada en todos los casos», afirma la Macroencuesta sobre Violencia de Género 2019 del Ministerio de Igualdad. También padecen más la violencia psicológica, que incluye la emocional, la económica y la de control.
Las causas de esa mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad frente a la violencia de género se debe a que tienen escasa defensa propia y más dificultad para expresarse; menor credibilidad y autonomía para acceder a la información y al asesoramiento; una mayor dependencia de terceras personas y pocos trabajos remunerados para ellas. Además hay «aspectos relacionados con la autoestima y el miedo a perder los vínculos que le proporcionan cuidados», explica Queiruga.
Ese maltrato se agrava en forma de secuelas, que alargan la herida en el 77% de los casos de mujeres con discapacidad acreditada. La huella es psicológica. La brecha entre las que tienen discapacidad y las que no la tienen se abre en el caso de la violencia de género con la pareja actual. El 64% de las mujeres con discapacidad que han sufrido ese tipo de agresiones afirma «haber tenido consecuencias psicológicas derivadas de la violencia frente al 46,7% de las mujeres sin discapacidad acreditada».
Para superarlo las mujeres con discapacidad recurren a medicamentos en el doble de proporción que las demás, se ausentan más del trabajo (22%), buscan más ayuda formal (50% frente al 30% de las que no tienen discapacidad) y denuncian un tercio de veces más. Sin embargo, «Las mujeres con discapacidad rompieron la relación con sus parejas pasadas debido a la violencia en menor medida (69,2%) que las mujeres sin discapacidad (78,1%)».
El colectivo de personas con discapacidad, ante su inclusión en el estudio del Ministerio de Igualdad, aseguran que en efecto «pone de manifiesto la altísima vulneración que tienen las mujeres con discapacidad frente a la violencia machista», dice Queiruga, pero «debería incorporar más datos desagregados» y aumentar la muestra que en esta edición es «muy reducida, por lo que la representatividad de los resultados sigue siendo escasa. Por ejemplo, revela que las mujeres con discapacidad se medican más que las mujeres sin discapacidad y este dato en bruto, en nuestro caso, puede llevarnos a conclusiones erróneas». Las organizaciones solicitan además conocer «cuántas mujeres con discapacidad han sido asesinadas, ya que se debería contabilizar y visibilizar las consecuencias más graves de la violencia sobre ellas», reclama Queiruga.
Otro dato que revela el estudio de Igualdad es la relación entre el maltrato machista y la causa de la discapacidad de las que tienen tanto un grado mayor al 33% como de las que presentan «un problema de salud que las limita a la hora de hacer actividades cotidianas que la gente hace con normalidad». En los resultados presentados por Igualdad, el 17,5% de las mujeres con discapacidad responde en la encuesta que «es consecuencia de la violencia de sus parejas». Este porcentaje asciende al 23,4% cuando la violencia es física o sexual».
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