La Audiencia Provincial de Málaga ha concedido una indemnización de 264.582 euros a una familia cuyo progenitor, un hombre de 61 años, murió el 25 de agosto de 2015 como consecuencia de los daños a su salud ocurridos durante los seis días que la ... aseguradora sanitaria privada Caser tardó en autorizar la intervención urgente que precisaba.
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La víctima, según recogen los fundamentos jurídicos de la sentencia, sufrió un pseudoaneurisma en la arteria femoral derecha, a la altura de la región inguinal, tras la retirada, el 20 de julio de 2015, de la vía central que le había tenido que ser colocada en un hospital privado de esta capital andaluza como consecuencia de una intervención quirúrgica en la zona gástrica.
Unos días después, el 26 de julio, los médicos que le atendían solicitaron a la aseguradora autorización para realizarle una intervención urgente con la que tratarían de reparar el problema médico y parar las hemorragias con la colocación de un «stent cubierto». En los seis días siguientes, los informes médicos indican que la intervención para colocar la prótesis solo se demora en el tiempo porque no terminan de recibir autorización administrativa para ello de la aseguradora del paciente. La operación, al final, no se pudo realizar hasta el 1 de agosto y el asegurado murió 24 días después.
La demanda presentada en nombre de la familia por el letrado Damián Vázquez, colaborador jurídico de la asociación 'El Defensor del Paciente', fue rechazada en primera instancia, pero la Sección Quinta de la audiencia malagueña dictamina ahora la responsabilidad de Caser en la muerte, por lo que condena a la aseguradora a pagar daños y perjuicios a la familia. «Es evidente -indican los magistrados- que existió una demora en la tramitación de la autorización para la colocación del 'stent', ya que los primeros informes médicos que establecen la necesidad de su colocación son de 26 de julio y esta (prótesis) no se coloca hasta el 1 de agosto por no llegar la autorización de la entidad demandada».
De igual manera, el tribunal considera que «durante la espera la situación del pseudoaneurisma fue empeorando, aumentando de tamaño e infectándose y necrosándose la zona, sin que los tratamientos que se iban realizando para su control fueran efectivos«.
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En definitiva, concluye la sala, «la situación en la que se encontraba el paciente hubiese requerido de una rápida respuesta que hubiese posibilitado la colocación del 'stent' con anterioridad, por lo que existe responsabilidad de la entidad demandada que no realizó todas las actuaciones necesarias que pudiesen haber salvado la vida del paciente».
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