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Medio centenar de personas se han concentrado hoy frente a la residencia de Aspanias situada en Fuentecillas, para exigir a la empresa que se abonen a los trabajadores los «salarios pendientes», y para denunciar los «graves problemas que afronta la plantilla». Esta movilización fue convocada ... por los comités de empresa de Fundación CISA y Aspanias, para acabar con la «incertidumbre» que sufre toda la plantilla.
«Deben una mensualidad a toda la plantilla, exigimos que esa situación finalice y que se dé información y transparencia», señaló en declaraciones a la Agencia Ical el delegado de UGT y representante legal de la plantilla, Rafael Lacalle. Asimismo, los sindicatos también reclamaron que haya «mejoras en el servicio», en relación a las condiciones de trabajo, especialmente con la situación actual por la pandemia de la covid-19.
El portavoz del comité de empresa adelantó además que ayer recibieron una respuesta por parte de la empresa a la que califican de «cínica». «A los miembros de los comités de empresa nos envían un correo diciendo que la mensualidad que nos deben nos las van a pagar en seis meses prorrateada, desde septiembre hasta marzo, y dos minutos después envían un correo a toda la plantilla diciendo que el comité de empresa está informado. La plantilla podría llegar a entender que eso está pactado cuando en absoluto es así», explicó.
Al respecto, recordó que hay trabajadores «al límite», a lo que se une la «sensación de incertidumbre sobre el futuro de Aspanias», ya que desconocen si Fundación CISA y Fundación Aspanias van a poder seguir existiendo tal y como las conocen ahora.
Los comités exigen también la intervención de la Junta de Castilla y León , especialmente de las Consejerías de Familia y Empleo y el Protectorado de Fundaciones de Castilla y León, así como del Gobierno . «Entendemos que las administraciones públicas no pueden desentenderse de un servicio público, que ellos están financiando. La Ley de Fundaciones de Castilla y León y de ámbito estatal dejan claro que las administraciones pueden intervenir si el futuro de las fundaciones está en entredicho, si los gestores ponen en peligro su continuidad o se desvían de los fines para los que fueron creadas, y entendemos que el primer caso es claro», subrayó Lacalle. Por ello, con esta movilización buscan dar un «toque de atención» tanto a la empresa como a las administraciones públicas
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