Manos Limpias, acusador de la mujer y el hermano de Sánchez, amplía su querella por la DANA

Manos Limpias, autor, el sábado, de la primera denuncia por la gestión de la DANA, ha decidido ampliarla ahora. El pseudosindicato, detonante de las diligencias que han dado lugar al encausamiento por presunta corrupción de la mujer y del hermano de Pedro Sánchez, apuntó en la demanda inicial presentada en la Ciudad de la Justicia de Valencia contra la directora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo del Olmo, y el responsable de Agencia autonómica de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso Torres (al que se identificaba mal en el escrito inicial) por su «responsabilidad» en las repercusiones del desastre natural tanto en la comunidad del Levante español como en Castilla-La Mancha. Una semana después de que las devastadoras consecuencias se hicieran visibles, ha extendido su iniciativa a Miguel Polo Cebellán, máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Así, la actuación de Manos Limpias va dirigida y se intensifica contra la reacción ante el brutal temporal de las dos administraciones concernidas, la central y la autonómica. La agrupación de orientación de extrema derecha, que ha recobrado con los casos contra Begoña Gómez y David Azagra (seudónimo en su carrera musical del hermano el presidente) el protagonismo que ya tuvo en su día ejerciendo la acusación popular en procesos como el que terminó sentando en el banquillo a la infanta Cristina, vuelve ahora a agilizar el paso para intentar fiscalizar la gestión de la DANA. El sábado, en su denuncia, atribuyó los delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave con resultado de lesiones y daños por imprudencia a Rallo del Olmo y Argüelles por dos hechos: la alerta roja de Aemet de las 7.31 horas del martes y el aviso a la ciudadanía de las 20.12 del mismo día por el organismo de Emergencias valenciano, dos actuaciones en las que los denunciantes aprecian una tardanza dolosa a la hora de prevenir la hecatombe.

El nuevo escrito formalizado ahora y que lleva la firma de Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, se apoya en artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que reza que aquellos que «por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante». Y amplía la denuncia, remitiendo al juez los correos electrónicos alusivos, a Miguel Polo Cebellán por cuatro supuestos hechos susceptibles de ser delictivos: la Confederación del Júcar dispone de «una herramienta» -el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)- que «no funcionó correctamente»; tiene «una estación de aforos en la misma rambla del Poyo» por la que «pudo haber detectado y alarmado de la avenida que venía»; «notificó a la Generalitat con un email, a las 15:50 horas [del martes 29 de octubre, día en que se desató la DANA] que el caudal» de la citada rambla de la «era bajo y no actualizó el dato, por esta misma vía, hasta cuando la situación era ya crítica a las 18:43»; y, por último, que el organismo de dirección estatal, pese a contar con un presupuesto de 58,2 millones de euros, «solo ha gastado 1,1 millón en edificaciones preventivas y en cambio más de 8 millones en pagos al personal».

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