Licencia para matar

La incautación por parte de la Guardia Civil de una colección de más de mil animales disecados valorada en 30 millones de euros, que ocupaba 50.000 metros cuadrados en una finca de Valencia propiedad de la familia del empresario Francisco Ros Casares, ha puesto el foco en la caza mayor y en aquellos que dedican su tiempo y su patrimonio a recorrer el mundo en busca de especies exóticas, la gran mayoría respetando la legalidad. Pero sobre todo lo ha hecho sobre aquellas prácticas que ponen en riesgo la supervivencia de especies amenazadas, esquilman los recursos de países terceros y, cuando existe delito, alimentan un negocio ilícito, el de las redes mafiosas que van de la mano del furtivismo y el contrabando. Un negocio que mueve hasta 216.000 millones, la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo, después del tráfico de drogas y de armas.

«Cazar búfalos, chitas, marco polos o rinocerontes no es ilegal, como tampoco lo es coleccionar colmillos, cabezas o hacerse un taburete con una pata de elefante», sostiene Arturo de Onís, propietario de Safaris por el Mundo, una empresa que lo mismo facilita cacerías en la sabana en busca de 'los 5 grandes' que de alces en el Yukón. Y ahora viene la segunda parte, claro, «siempre y cuando se cuente con permisos de las autoridades para abatir un animal y transportar el trofeo».

«Para eso hace falta dinero y Ros Casares lo tenía, lo sé porque lo conocía y todos los años mataba diez elefantes en Botsuana». Su aspiración –y la de tantos como él– fue siempre montar un pabellón de trofeos de caza, «algo también legal, otra cosa es que adquiriera colecciones a terceros y que ahora su hijo no pueda justificar la procedencia o la propiedad de algunos». Onís no alberga dudas y califica de «injustificada» la alarma creada. «Las leyes cada vez son más estrictas y cruzar la aduana sin todos los permisos en regla resulta casi imposible, quien diga lo contrario no sabe de lo que habla. Si hasta los colmillos de marfil se numeran», replica.

El comercio de animales está sujeto al CITES, un convenio que entró en vigor en 1975, del que forman parte 184 países y que regula la caza en función del grado de amenaza que supone para la sostenibilidad de los hábitats. Lo explica Laura Moreno, responsable del Proyecto de Especies de WWF, que subraya la complejidad de un sistema que apuesta por preservar el equilibrio en la naturaleza sin renunciar a la caza, justificandola en un país y prohibiéndola en otra a tenor de las poblaciones.

«Las especies amenazadas que son susceptibles de convertirse en trofeos necesitan permisos de importación y de exportación, que sólo se conceden cuando se acredita que el modo de abatir un ejemplar ha sido respetuoso con el medio ambiente y no perjudica a las poblaciones, además de respetar los cupos y las fechas en las que se puede cazar», dice Moreno. «En este comercio hay mucha corrupción y mucha falsificación, pero cuando los permisos están en regla, en teoría al menos tienes que pensar que es legal».

La cuestión, añade, es distinguir el grado de amenaza que esta actividad representa para la supervivencia de una especie, el mismo criterio que guía las incautaciones que se practican en los aeropuertos, cuando el fondo de la maleta esconde una elaborada talla de marfil, un collar de corales o la piel de un ofidio.

«No hay nada más sostenible que la caza profesional –retoma Onís–. Esto es muy sencillo, si tengo un prado pequeño con cinco vacas y las dejo criar, se me mueren todas de hambre. Pues bien, la caza es un recurso fundamental, el único en muchos sitios, y eso es así porque si te cobro 70.000 euros por cazar un elefante, el Gobierno se va a quedar 40.000 y con ese dinero construirá pozos, escuelas y pagará a los 'rangers' para que impidan a los furtivos arrasar con todo, que ni la carne que abandonan se puede aprovechar».

Lo corrobora Antonio Mora, un ceutí de 64 años que hace dieciséis decidió vender su negocio textil y comprarse un rancho en Sudáfrica. 85.000 hectáreas de concesiones en un radio de 50 kilómetros. «Aquí está todo muy regularizado. Antes venía cualquiera desde Estados Unidos, Rusia o España, se montaba en un camión y se tiraba dos o tres meses vagando por ahí y abatiendo todo lo que se meneaba. Pero eso se acabó, no vale venir y decir 'mañana quiero un leopardo' (su caza se acaba de prohibir en Sudáfrica); hay que pedir permisos, esperar entre 4 y 8 semanas a que te los concedan, incrustar en el grupo a un funcionario del Gobierno que acredite que eres quien ha pedido el permiso y no otro, cumplimentar el CITES, pagar aduanas...».

Mora lo explica minutos antes de salir 'a la huella', pertrechado con un calibre 470 Winchester Magnum, cruzando la misma sabana salpicada de acacias y matopis donde se resguardan kudus y leones. «La relajación de controles que existía antes está detrás de lo ocurrido. Tengo conocidos en España que han heredado trofeos y que ahora se encuentran en un aprieto porque no tienen papeles. Y esto es así porque no siempre se han pedido: antes en África se cazaba sin controles y si no has sido previsor y regularizado el legado ante un notario, pues pasa lo que pasa. Pero eso no les convierte en delincuentes».

El día a día de Onís, de Mora y de tantos como ellos discurre en ese territorio evocador y escurridizo, sacudido por rugidos que recorren océanos de tiempo y alimentado a base de lances a rececho, del miedo a lo desconocido, de no rendirse ante un desafío. ¿Que su sueño es tumbar un elefante y emular al Denys Finch Hatton de 'Memorias de África'? Ahí tienen la carta: 5.500 euros por un león pequeño, 9.000 de tamaño mediano, 15.000 si es grande y luce una frondosa melena; 8.500 por un búfalo homologable que dé oro (medallas); un safari «de 21 días por 70.000 euros en Botsuana», donde después de cinco años de veda la población de paquidermos se ha disparado, asolando grandes áreas del país –devoran la corteza de los árboles– y atacando a los nativos que llevan su ganado a abrevar. Un escenario de ensueño que muchos se conforman con atrapar con su cámara, sin derramar una gota de sangre.

La caza mayor siempre ha ejercido una poderosa atracción entre las clases más adineradas y mostrar los trofeos algo consustancial a esa práctica. Abundan los ejemplos. En Vitoria todavía recuerdan a Juan Arregui, el exitoso empresario que fuera presidente del Alavés, que poco antes de morir con 91 años, y después de haber sufrido cuatro infartos, volvió a viajar a África para cazar elefantes. Llevaba cobrados 102 –«soy el campeón del mundo amateur», alardeaba– y dejó un museo, parte del cual, con el tiempo, ha acabado cedido en León. O Juan Abelló, 'el Boticario', propietario de los laboratorios que fabricaban el Frenadol, que compartió veladas cinegéticas con el emérito Juan Carlos I o José María Aznar. A ellos se suma la familia Garoz, a cuyo empeño se debe el Museo de la Caza de Los Yébenes (Toledo); o Marcial Sequeira, que desistió de abrir otro museo similar en Olivenza (Badajoz), después de que la Policía acusara al expresidente de Sanitas de tenencia irregular de especies protegidas.

Dar rienda suelta a esa pasión no pasa necesariamente por viajar a otro hemisferio. Se calcula que medio millar de familias controlan el 4% del inmenso reservorio que es España. Fincas como 'Dehesa del Lobillo' o 'Postuero de Las Navas' remiten de inmediato al ya citado Juan Abelló; El Palomar, del ganadero Samuel Flores (habitual de certámenes donde se abaten venados y ciervos); o El Retortillo, en Burgos, remanso del que fuera director de la revista ¡Hola!, Eduardo Sánchez Junco. O la más grande de todas, La Garganta, 15.000 hectáreas en Ciudad Real propiedad del Duque de Wellington. Están ahí, a tiro.