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Sama al Hadi, vecina de la ciudad sudanesa de Omdurman, quería cambiar de colegio para coincidir en el aula con sus amigas. Su familia no lo permitió y ella dejó de acudir a clase. Tenía 13 años y una rebeldía adolescente que contrariaba a ... su padre. El último viernes que ellas la vieron había abandonado el hogar sin el permiso paterno. El progenitor montó en cólera y la buscó por la calle. La encontró y la atropelló, fracturándole una pierna. Luego, la arrastró hasta el domicilio familiar y le disparó repetida y mortalmente. El agresor fue detenido, interrogado y liberado. Las mujeres manifestantes con pantalones y la cabeza descubierta reclamaban justicia para Sama.
En demanda de justicia se presentó una petición en Internet para que las autoridades iniciaran una investigación apropiada sobre el caso, que obtuvo más de 2.200 firmas y obligó a reabrir la causa, pero de momento sin consecuencias.
El caso provocó que otros crímenes cometidos en el seno familiar salieran a la luz, como el de Sajida Omer, una estudiante de Darfur del Norte, quien habría sido asesinada por su padre y su hermano por haber llevado a un hombre a su granja. Por este caso no hubo ningún detenido.
El orden tradicional sudanés se tambalea tras la derogación de las leyes de orden público, pero el cambio de mentalidades no se produce a golpe de decreto. La ley ya no puede detener a las mujeres que bailan en fiestas o venden en calle y se ha derogado la legislación contra la apostasía que prohibía a los no musulmanes beber alcohol. El gobierno también ha prohibido la mutilación genital femenina.
El salafismo ya se ha opuesto a esta ola de reformas. El Partido Estado de Derecho y Desarrollo, en la esfera más radical, ha denunciado que estas medidas suponen una «guerra contra la moral» y forman parte de una estrategia para «anular la identidad islámica del país».
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