Juicio por a mina de Aznalcóllar

Un juez exime a la empresa Boliden de pagar los 89 millones por el vertido de Aznalcóllar

Según reza el escrito del juez,«no se ha llegado a identificar la existencia de una concreta cobertura que asegurara el riesgo cuyo coste ha asumido la actora (la Junta), esto es, la obligación de restaurar las cosas al estado en el que se encontraban». Así que considera que no hay «base legal» para que Boliden reembolse los gastos de la administración por la retirada y descontaminación de 7.000 millones de litros de material que llegaron, incluso, hasta las puertas del Parque Nacional de Doñana.

De esta forma, da la razón a la firma escandinava que reiteró una vez más que no era responsable de lo ocurrido y que no iba a pagar la factura medioambiental durante el juicio celebrado este mes de julio. En una vista oral, su equipo de abogados se escudó en que los suecos invirtieron 32 millones de euros en la limpieza del primer tramo y que al finalizar ese trabajo, la Junta no les reclamó nada. De hecho, no fue hasta 2004 cuando el Consejo de Gobierno andaluz acordó presentar tal demanda.

Desde entonces, su posición ha sido firme. Ante el magistrado José Manuel Martínez, subrayaron que, según los datos con los que cuenta la administración, la empresa había recibido dinero de «entidades aseguradoras» como consecuencia de lo ocurrido. Sin embargo, el juez no lo ha considerado suficiente como para darle la razón.

El fallo llega quince días después de que el juicio quedara visto para sentencia en el Juzgado Nº 11 de Sevilla tras cuatro intensas sesiones en las que declararon como testigos técnicos y directivos de la Junta así como los responsables de Boliden. Nada más hacerse público, el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, manifestó que presentarán un nuevo recurso para que se revise el caso.

En un audio, expresó el «respeto más absoluto» a la decisión judicial, que llega tras un cuarto de siglo «de peregrinaje jurisdiccional» por parte de la Junta tanto por la vía civil como por la vía administrativa. «Un caso en el que no existen precedentes ni en la jurisprudencia ni en la doctrina y que es parte de la interpretación jurídica del marco normativo aplicable hace 25 años que, desde luego, no compartimos desde la Junta de Andalucía», apuntó.

Fernández-Pacheco indicó que el Gobierno andaluz está absolutamente convencido de la existencia «de una responsabilidad por parte del Grupo Boliden». «Tenemos la firme intención de recurrir esta sentencia primero en apelación y llegar, si fuera necesario, hasta el Tribunal Supremo», subrayó.

«Quien contamina paga»

Entre los motivos para insistir en la necesidad de que la firma sueca se haga responsable asegura que pesa mucho el hecho de que la Junta ya gastó casi 90 millones de euros en reparar las consecuencias derivadas de un accidente minero «cuya responsabilidad exclusiva entendemos que es imputable a la empresa». Otro motivo para recurrir es que uno de los principales valores que defiende el Gobierno andaluz «es el del respeto más absoluto a nuestro entorno natural y por supuesto el principio de que quien contamina paga», enfatizó.