Los jueces cuadruplican las suspensiones de visitas a maltratadores

Los tribunales acordaron en los primeros tres meses de 2022 casi cuatro veces más suspensiones del régimen de visitas de los hijos a padres maltratadores que un año antes. La medida se tomó en 833 casos frente a las 225 veces registrados entre enero y marzo de 2021, lo que supone un aumento del 270%.

El salto se debe a la aplicación generalizada de la reforma legal que entró en vigor hace un año, la que indicaba que si hay indicios de violencia de género conocidos o también sufridos por los menores se debe cortar de inmediato el contacto del agresor con los niños, suspendiendo el régimen de visitas si lo hubiese durante el transcurso de la investigación y retirándole la patria potestad en caso de condena. De hecho, las estadísticas oficiales también resaltan que los jueces, en estas mismas órdenes de protección, han suspendido de forma provisional la guarda y custodia del sospechoso sobre sus hijos en otras 516 ocasiones. «Es una prueba más de que nuestros jueces y juezas cumplen con su deber y están muy sensibilizados y concienciados frente a la violencia de género», aseguró Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, origen de los datos, que recordó también que los titulares de los juzgados ya autorizan siete de cada diez órdenes de protección que le son solicitadas por la policía y las víctimas.

El segundo avance también es fruto de otra reforma legal que entró en vigor hace un año. La dispensa legal que permite que una mujer no declare contra su marido o pareja de hecho ya no es total. Si la víctima acepta declarar una primera vez, ante la policía o ante el juez, después de haber sido perfectamente informada de sus derechos, ya no podrá invocar la dispensa a posteriori. Ya no podrá echarse atrás.

El cambio quiere evitar que las presiones del agresor, la familia o su entorno terminen por invalidar su testimonio, que en muchas ocasiones es el que puede provocar la condena del maltratador o, en su defecto, precipitar la absolución. Si en 2021 se acogieron a la dispensa de no declarar contra su agresor sobre el 10,5% de las víctimas, en los tres primeros meses de 2022 solo usó ese privilegio el 9,4%, un punto menos, lo que supone una reducción del 10% de casos. Se trata del porcentaje más bajo de utilización de la dispensa en España desde que hay registros.

Posiblemente este fortalecimiento de las pruebas de cargo en los procesos penales haya ayudado en la consecución de otro dato muy positivo del informe del Consejo General del Poder Judicial, que la sentencias condenatorias en los casos de violencia de género alcanzan ya el 75,7% del total de fallos.

La radiografía de la violencia de género en el primer trimestre del año muestra un dato que, al menos de entrada, puede parecer muy negativo, como es el aumento de las denuncias por maltrato y de las víctimas con respecto a hace un año que ronda el 20%. Sin embargo, Ángeles Carmona considera que responde a dos explicaciones y que ninguna de las dos es negativa. La primera, que las denuncias crecen gracias al aumento de la normalidad y a la pérdida de control de lo maltratadores sobre sus parejas por el fin de la parte más dura de la pandemia, que todavía estaba presente en enero y marzo de hace un año. La segunda, que «las víctimas confían cada vez más en las instituciones que nos dedicamos a luchar contra la violencia machista, confían en los jueces y juezas, en las fuerzas de seguridad del Estado y en la red de protección que entre todos tratamos de tejer a su alrededor y que, en la inmensa mayoría de los casos, salva vidas», argumenta.

El único elemento negativo del informe, con 41.765 denuncias en el trimestre y 40.481 víctimas, es, subraya también la presidenta del Observatorio, que este mayor esfuerzo de denuncia lo hacen las propias maltratadas, en un 71%, lo realizan cada vez más desde los servicios médicos y sociales (4,85%), el doble que hace uno año, pero, en cambio, cada vez son menos los familiares y allegados de la víctima que salen en su ayuda. Si hace un año ya llegaba por este camino una proporción ínfima de las denuncias, el 2,23%, hoy su contribución es de casi la mitad, el 1,58%. Por ello, Carmona hace un llamamiento a la implicación del entorno de las víctimas, «en cuya mano está poder ayudarlas a que den el paso de presentar una denuncia o a presentarla ellos mismos, si es necesario».

Este aumento de las denuncias significa que el número de españolas que sufrieron violencia de género en el primer trimestre del año por cada 10.000 mujeres ascendió a 16,7, lo que supone 2,5 más que hace un año. Por encima de la media nacional se situaron Baleares (22,8), Murcia (22,6), Comunidad Valenciana (22,2), Andalucía (20,2), Canarias (19,5) y Madrid (18,3). Y por debajo, Cantabria (15,1), Castilla-La Mancha (14,2), Navarra (13,7), Asturias (13,4), Extremadura (13,1), Aragón (12,9), País Vasco (12,8), Cataluña (12,7), La Rioja (12,5), Galicia (11,6) y Castilla y León (10,6).