El jefe de restauración admite que «seguimos pagando» el vertido de Aznalcóllar 25 años después

El compareciente fue la segunda persona en testificar en la vista oral que dirime las consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados. Serrano, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina Técnica de Restauración hasta 2001, ha manifestado que las «dimensiones» del vertido fueron tan grandes que la administración tuvo que «innovar» a la hora de restaurar el terreno afectado, ya que no había «una referencia mundial» que tomar como punto de partida.

Se trata de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos incluso en zonas limítrofes al parque natural de Doñana, protegido como Patrimonio Mundial.

La defensa de la empresa sueca Boliden-Apirsa, ejercida por el despacho Uría Menéndez, considera que la demanda civil de la Junta de Andalucía incluye cantidades «no imputables» a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos «innecesarios», señalaron.

En este sentido, el testigo ha descartado que el citado Corredor Verde fuese un proyecto planeado antes de la catástrofe medioambiental y ha defendido la necesidad de acometer una «descontaminación global» de todo el entorno, pues según ha dicho, 25 años después aún existen zonas afectadas por contaminación y la mina continúa «lixiviando» sustancias contaminantes.

Serrano ha añadido que la catástrofe no solo tuvo impacto en el medio ambiente, sino en las cosechas de la zona, pues unas 3.000 de las hectáreas afectadas eran de uso agrícola y esta actividad quedó «muy resentida», motivando expropiaciones de terreno que habían perdido su «vocación agrícola» e incluso repercusión en el plano turístico.

«Las consecuencias del vertido todavía seguimos pagándolas», ha aseverado el responsable de la restauración, señalando los efectos del mismo en la economía del entorno y rememorando que para sufragar todas estas labores hubo que recurrir a los «fondos propios» de la administración andaluza, porque no fue posible recurrir entonces a la financiación europea.

Antes que Serrano compareció el que fuera secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Juan Antonio López Domecq, quien ha manifestado que «toda» la restauración acometida fue «imprescindible y necesaria» y que la «persistente contaminación» necesitaba una actuación «integral».

Respecto a la tesis de Boliden de que la reclamación de la Junta incluye cuantías «controvertidas», López Domecq ha asegurado que no le consta «ningún problema» con las contrataciones derivadas de las labores de restauración o alguna situación de impago. «Todos los expedientes fueron hechos con arreglo a procedimiento», ha defendido el alto cargo de Medio Ambiente.

A las puertas del juzgado, Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, ha afirmado que el colectivo espera que el juicio derive en «una condena a Boliden» para que la entidad (hoy en concurso de acreedores) «pague» los costes de la restauración medioambiental, si bien tras 25 años de los hechos es «difícil ser optimista», ha avisado.