Igualdad quiere que el pacto contra la violencia de género sea permanente

La estrategia del departamento que dirige Irene Montero pasa por la idea de redibujar las líneas maestras del acuerdo con el propósito de que la erradicación de comportamiento violentos y machistas «no dependa de colores políticos o de quien gobierne, sino que debe ser una política de Estado perdurable». El pacto, que fue alumbrado en 2017, tiene una vigencia de cinco años, por lo que, según Montero, conviene institucionalizarlo como uno de los grandes consensos de Estado.

Ante el hecho de que en apenas 72 horas se haya producido un pico en la muerte de mujeres a manos de sus parejas, la ministra fue explícita: «Ante hechos como estos, sólo puedo decirles que nos encontramos en una situación de alarma machista; y no sólo por los asesinatos mencionados, sino porque existen actores sociales, políticos e institucionales que niegan la gravedad de esta certeza».

Para Montero, conviene aprovechar la ocasión para relanzar el pacto y dotarlo de nuevos contenidos, e incluso recuperar aquellos aspectos que quedaron apartados por desavenencias políticas: «Ampliemos las medidas del pacto, recuperemos aquellos negociados para los que inicialmente no hubo avenencia; introduzcamos novedades, modernicemos el pacto y adaptémoslo a la actualidad de las violencias que sufren las mujeres».

La ministra expresó su interés en aprobar pronto una ley contra la trata, cuestión que se está demorando porque precisa el consenso y la participación de varios ministerios. Por de pronto, se felicitó de que por primera vez las mujeres prostituidas hayan podido cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Como primer paso, Montero subrayó la obligación del Estado de detectar e identificar a las víctimas de trata, cuestión que consideró una «asignatura pendiente». «El 96% de las víctimas de explotación sexual en el mundo son mujeres y niñas. Los datos deben hacernos reflexionar sobre esta cuestión, ya que sólo entre el 1,4% y el 1,5% de las víctimas de trata son identificadas», dijo.

Montero destacó que el Gobierno es abolicionista y abogó por que la ley que dé protección a las mujeres les procure también una inserción laboral. En este sentido, sostuvo que un abordaje realista de la lucha contra la prostitución exige una reforma de la ley de extranjería. «Si deseamos que la mayoría de las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida digna, debemos de replantearnos una reforma de la ley de extranjería o bien una regularización extraordinaria que nos permita llegar a todas las mujeres víctimas de la industria proxeneta». Esta medida se antoja necesaria si se tiene en cuenta que entre el 80 y el 90% de las prostitutas son migrantes, y muchas de ellas se encuentran en situación administrativa irregular.

Adujo que la futura ley de libertad sexual colocará a España al nivel de otros países países como Portugal, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Irlanda, o Suecia, entre otros. Se trata de estados que regulan el consentimiento como clave en el abordaje de los delitos de agresión sexual. «Para estos países y para los mandatos internacionales ya existe agresión si no hay consentimiento en el acto sexual, con independencia de los medios comisivos, es decir, que haya violencia o intimidación».

«Con esta nueva norma no será consentimiento más que aquel que se exteriorice libremente y de modo inequívoco», sentenció Montero, para quien la ley lanza un mensaje inequívoco: «toda duda sobre el consentimiento debe llevar al desistimiento en la relación sexual». «Pasamos de una visión estrictamente punitivista, centrada en el castigo al agresor, a una visión donde la víctima de violencia no solo cuente con la protección y el apoyo que le brinda el Estado, sino con un proceso de reparación social del daño sufrido».

Montero elogió la intervención de la senadora popular Ana Isabel Alós, pero le reprochó que su partido, cuando llega al poder, se ve obligado a condicionar sus políticas en esta materia por las alianzas con Vox.