Igualdad intenta blindar las ayudas a las víctimas de la violencia vicaria

El equipo de Irene Montero, aprovechando la tramitación de la ley del 'solo sí es sí', ha propuesto a los diputados incluir una enmienda con la que se otorgue a toda madre a la que su pareja o expareja asesine a alguno de sus hijos la condición legal de víctima directa de un delito violento, lo que, automáticamente, le da derecho a recibir ayudas del Estado en caso de impago de las indemnizaciones por parte del autor del crimen.

La enmienda, que ahora debe aceptar una mayoría de la Cámara Baja para que pueda hacerse realidad, cambiaría el artículo 2.2 de la ley de 1995 de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y otorgaría a estas madres la máxima categoría como beneficiarias de las ayudas a las que da derecho la norma.

En la actualidad, estas mujeres, en el mejor de los casos, solo son consideradas víctimas indirectas del delito, lo que las coloca en una situación de incertidumbre legal añadida al drama vital en el que ya están inmersas. Si el asesino no paga las compensaciones que fija la sentencia no tienen asegurado que la Administración les vaya a ayudar económicamente en todos los casos y, menos, que les vaya a otorgar el máximo de ayudas oficiales posibles. De hecho, a la vista de alguna sentencia reciente, el Estado incluso rechaza compensar a víctimas de la violencia vicaria si no demuestran que tenían una relación de dependencia respecto al hijo, hija o hijos asesinados.

Igualdad traslada a los grupos parlamentarios que es una reforma obligada después de que el año pasado la nueva ley de protección de la infancia otorgase a las destinatarias de la violencia vicaria la condición de víctimas de la violencia de género, por ser perjudicadas directas de estos asesinatos, ya que la pareja o expareja, cuando ellas están fuera de su alcance o control directo, los comete solo como forma de seguir dañándolas a través de persona interpuesta.

La reforma exprés está hoy especialmente justificada. España, por desgracia, vive una de las etapas con mayor presencia de está cruel y extrema variante de la violencia machista. El año pasado siete españolas perdieron a alguno de sus hijos menores a manos de su pareja o expareja. En la mayor parte de las ocasiones los niños cayeron asesinados a manos de su propio padre. Es el dato más alto desde que hace nueve años se inició el registro oficial de estos crímenes a excepción del de 2017, cuando hubo ocho homicidios.

El caso que más impactó a la pública en 2021, debido a las circunstancias particularmente dramáticas que lo rodearon, fue el crimen de Anna y Olivia, el 27 de abril, en Tenerife. El padre, Tomás Gimeno, asfixió a las niñas de 1 y 6 años y arrojó sus cuerpos al mar, lastrados por el ancla de su lancha, para vengarse de su expareja, Beatriz Zimmerman, que, cansada de sus malos tratos, lo dejó para rehacer su vida junto a otro hombre. Gimeno no solo le quitó Beatriz lo que más quería sino que intentó mortificarla de por vida, ya que, de manera meditada y planificada, tiró los cuerpos de las pequeñas en alta mar, a unos mil metros de profundidad, para que no fuesen hallados y la madre no supiese nunca a ciencia cierta si sus hijas estaban vivas o muertas.

La propuesta de Igualdad busca paliar los daños de la violencia vicaria, pero el año pasado el Gobierno y sus socios realizaron dos reformas legales que van a la raíz del problema. Responden a la máxima de que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Buscan despojar a estos criminales de la tradicional posición de ventaja de la que se aprovechan.

La norma general ahora es que el juez, si hay indicios de violencia machista, debe cortar el contacto del agresor con los menores, suspender el régimen de visitas si lo hubiese y retirarle la patria potestad si ya hay condena. Para acelerar la implantación la Fiscalía está instando la revisión de todos los casos previos a la reforma, para vetar los contactos con el violento, e Instituciones Penitenciarias vigila que no haya más visitas a los maltratadores encerrados.

Los primeros resultados ya están a la vista. El último balance anual del Poder Judicial dice que en 2021 se duplicaron las suspensiones de visitas a padres investigados por maltrato. Pero el vuelco dado con estas reformas es realmente mucho mayor. El incremento del 132% anual del veto a las visitas es engañoso, porque el cambio normativo no entró en vigor hasta finales de junio. Es decir, solo se aplicó durante medio año. El dato del tercer trimestre del ejercicio se acerca más a la realidad. Los casos de alejamiento de los pequeños del presunto maltratador se quintuplicaron con respecto a antes de las modificaciones.