Igualdad y autonomías pactan los servicios mínimos contra la violencia machista

Es el catálogo de medidas indispensables, medios, campañas o prestaciones que implantarán todas las autonomías para luchar contra la violencia de género en la pareja, pero también contra las violencias sexuales, el acoso, el matrimonio forzado, la trata con fines de explotación sexual o la mutilación genital.

Es el mínimo común contra la violencia machista que permitirá a las regiones con carteras de servicios más avanzadas seguir mejorándolas, pero que marcará el suelo que no pueden dejar de cumplir los territorios que están ahora a la cola. Es el equivalente a lo que supone la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, que fija las prestaciones sanitarias mínimas a las que tiene derecho cualquier ciudadano español, viva donde viva. Es el esqueleto indispensable para convertir en esenciales y estables los servicios y estrategias que impulsó el pacto de Estado contra la violencia de género de 2017.

El primero de los bloques del catálogo es el de las políticas de prevención y sensibilización. Aquí se incluyen los compromisos de formación curricular en igualdad de género en todos los niveles educativos, las campañas de sensibilización contra todas las violencias y un instrumento fundamental como es la implantación de protocolos de detección precoz y derivación en institutos y universidades, centros sanitarios y de servicios sociales, residencias y centros de día o puntos de encuentro familiar.

El segundo, el más ambicioso. Diseña los servicios mínimos de asistencia y reparación integral a las víctimas de todas las violencias machistas, con centros de urgencia y equipos multidisciplinares de atención, acompañamiento y apoyo, con ayudas psicológicas, económicas, residenciales y de inserción laboral. Las víctimas accederán a esta estructura y prestaciones sin necesidad de presentar denuncia contra el agresor.

El tercer bloque es la estructura de protección y acceso a la justicia. Donde se garantiza la atención jurídica gratuita desde el primer momento y hasta el final del proceso, la formación especializada de los tribunales y agentes jurídicos y la puesta en marcha de estructuras para asegurar una eficaz recogida de pruebas y la no revictimización de la perjudicada.

Un cuarto bloque se centra en asegurar que este combate es una lucha transversal, que deberá informar y condicionar las políticas de todas las áreas de gobierno autonómico o municipal y que deberá disponer de una estructura de coordinación de la labor de todos los departamentos.

El pacto del catálogo se complementará en los próximos meses con la puesta en marcha de un sistema de recogida de información conjunta homogéneo sobre este tipo de violencia; con el pacto sobre los criterios para el reparto entre autonomías de los fondos que el Estado destina a la ampliación de esta cartera de servicios; y con la aprobación de un plan de financiación e inversiones plurianual.