Igualdad aboga por equiparar las indemnizaciones por asesinatos machistas con las de terrorismo

«La diferencia es extraordinaria y creemos que esta política de reparación debe ser asumida por el Estado; el Estado ha de reconocer que ha llegado tarde y no ha hecho lo que tenía que hacer», dijo la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en alusión a las medidas de reparación, cuya cuantía debe elevarse no solo en lo relativo a las indemnizaciones por asesinatos, sino también en lo referente a otras ayudas como pensiones de invalidez o incapacidad. El departamento que dirige Irene Montero apuesta asimismo por suspender el régimen de visitas de que disfrutan los padres para ver a sus hijos si se produce un indicio de que el progenitor maltrata a su mujer.

La iniciativa de retirar la tenencia de permisos de armas se hace al hilo del crimen machista ocurrido en Orio (Guipúzcoa), donde un hombre disparó a bocajarro a su mujer. Estas propuestas deberán ser debatidas y aprobadas si así se considera con las comunidades autónomas, dentro de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Igualdad invoca la necesidad de incrementar el fondo de garantía de pago de alimentos y las ayudas a la reparación. Según dijo Rodríguez, es preciso aumentar el umbral de este fondo, que en la actualidad se encuentra en los 8.000 euros -una cantidad «insuficiente»- y el anticipo que recibe la víctima que es de 100 euros. Rodríguez cree que una solución sería subirlo a los 500 para evitar situaciones de vulnerabilidad.

El Ministerio postula que los menores víctimas de esta violencia disfruten de una orden de protección generalizada y, especialmente, cuando convive con la madre agredida. A la vista de los dos asesinatos en los que la mujer estaba embarazada, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, defendió que se ampliara su protección como víctima más vulnerable. Con ello se quiere garantizar que la gestación llegue a término y se dicte una orden de protección que incluya al bebé tras el alumbramiento. Ello evitaría que la madre tras el parto tenga que solicitar la eliminación del régimen de visitas por parte de su presunto agresor.