El gran reto de la integración para las personas con discapacidad

Así lo demuestran los fríos datos, que reflejan que en la provincia se cumplen las reservas legales por los pelos. Según los datos aportados por la Gerencia del Servicio Público de Empleo (Ecyl), durante los primeros diez meses del año se suscribieron en Burgos un total de 2.540 contratos con personas con una discapacidad superior al 33%, que es la 'barrera de entrada' en las estadísticas.

Esa cifra supone el 2,02% de los 125.148 contratos firmados en la provincia hasta octubre, es decir, poco más del 2% al que están obligadas por ley todas aquellas empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores. Y es en este punto donde llega la primera conclusión.

Y es que, más allá de los fríos datos, la realidad es más compleja. Nada tienen que ver las posibilidades que despliegan en este ámbito las grandes empresas que el que presentan las pymes. Así lo reconocen tanto los sindicatos como la patronal, que aseguran que las pequeñas empresas a menudo lo tienen muy difícil para adaptar los puestos de trabajo a personas con discapacidad.

En este sentido, el reto es ir integrando poco a poco en el circuito a esas pequeñas y, sobre todo, medianas empresas que ahora mismo están fuera de él. Y es que, en realidad, hay posibilidades de inserción también en compañías de ese tamaño.

Así lo subraya José María Ibáñez, presidente de la Federación Empresarial de Centros Especiales de Empleo en Castilla y León, que insiste en que «la adaptación es más fácil» en pequeñas empresas. De hecho, el trabajo de la federación se está enfocando poco a poco en esa dirección, centrando esfuerzos también en el ámbito rural, donde «hay muchas oportunidades de empleo». Y más gracias a las experiencias con el teletrabajo que se están materializando con éxito en diferentes ámbitos.

Eso sí, está claro que todavía queda mucho camino por recorrer. Y es un camino que empresas, colectivos y administraciones han de recorrer de la mano. Y eso es precisamente lo que está intentando hacer la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), que hace poco más de un año puso en marcha la Ventanilla para la Empleabilidad de las personas con Discapacidad, un proyecto pionero que ya ha llamado la atención de otros estamentos, como la Junta de Castilla y León.

Tal y como explica la secretaria de la patronal burgalesa, Emiliana Molero, la idea es simple: poner en contacto a empresas con asociaciones del tercer sector para que se conozcan y sepan de primera mano las capacidades y perfiles que demandan unas y ofrecen las otras.

De momento se han llevado a cabo una decena de desayunos compartidos y las sensaciones son muy buenas. «En general, las empresas de Burgos están bastante concienciadas» y hay numerosos ejemplos en positivo, asegura Molero. De hecho, en la propia plantilla de FAE hay dos personas con discapacidad que están «totalmente integradas» como un trabajador más. Y eso, añade, es el mejor ejemplo de que «se está avanzando». «Hasta hace poco, la discapacidad era un tema que estaba oculto. Ahora, las personas con discapacidad están trabajando».

Otra cuestión son las oportunidades con las que cuentan las personas con un alto grado de discapacidad. Y es que, tal y como puntualiza Ángel Citores, secretario provincial de CCOO, el 33% que se toma en cuenta para establecer las cuotas no tiene nada que ver con una grado de discapacidad del 40% o del 60%.Así, subraya «es muy difícil encontrar trabajo para una persona con un alto grado de discapacidad», sobre todo cuando dicha discapacidad es cognitiva o psíquica.

Además, Citores insiste: la integración no solo se basa en conseguir trabajo. Es fundamental que dicho trabajo sea digno. Y ahí hay otra batalla en ciernes. «Si en el mercado laboral nos encontramos con precariedad, en el caso de las personas con discapacidad es aún mayor», lamenta el secretario de CCOO al tiempo que reclama mayor vigilancia del cumplimiento de la normativa en este sentido.

De momento, los datos fríos indican que la temporalidad de las personas con discapacidad está un poco por encima de la media provincial, que ya está disparada. En lo que va de año, sólo 211 de los 2.540 contratos firmados por personas con algún grado de discapacidad fueron indefinidos. Esto supone el 8,3%, lo que dispara la temporalidad hasta el 91,7, dos décimas por encima de la media.

Sea como fuere, tanto los representantes del tercer sector como los sindicatos y la patronal coinciden en celebrar que en los últimos años se ha avanzado mucho en este ámbito. A ello ha ayudado, según Ibáñez, la existencia de los centros especiales de empleo, que han servido para cumplir dos objetivos: demostrar que la integración laboral de las personas con discapacidad no solo es posible, sino beneficiosa, y aportar una formación fundamental. Ahora, la pelota está en el tejado de la sociedad en general y de las empresas en particular, que deben incorporar en su ADN los conceptos de responsabilidad social corporativa.