El Gobierno declara 2025 como Año del Pueblo Gitano

El Consejo de Ministros ha declarado hoy 2025 como Año del Pueblo Gitano. El acuerdo institucional, propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y secundado por otros como Igualdad, Memoria Democrática, Juventud o Inclusión, pretende conmemorar el 600 aniversario de la llegada de los primeros romaníes a España, destacar sus «profundas» aportaciones culturales, sociales y lingüísticas, pero también reconocer las «injusticias históricas» y la «estigmatización» que han sufrido y aún sufren desde entonces como etnia en nuestro país.

La declaración institucional, que busca ser «un paso ineludible» para garantizar una vida «en igualdad y libertad para este pueblo», recuerda que exactamente hace seis siglos, tal día como el próximo domingo, el 12 de enero de 1425, los primeros gitanos llegaron oficialmente a la península ibérica a través del Reino de Aragón, según quedó registrado en el salvoconducto que autorizaba ese tránsito legal de la frontera otorgado por el rey Alfonso V.

El acuerdo gubernamental denuncia «la exclusión, persecución y discriminación» que sufren y han sufrido los gitanos en nuestro país y hace un repaso a las «innumerables adversidades» a las que se ha enfrentado este pueblo durante estos siglos en España, como las expulsiones, las persecuciones, la legislación discriminatoria, la estigmatización o la falta de reconocimiento. El análisis recalca que los españoles de etnia romaní siguen enfrentándose a «importantes barreras» en áreas claves como la educación, el empleo, la vivienda y la salud y a «una discriminación estructural y unos prejuicios que no solo limitan sus oportunidades sino que perpetúan la exclusión social y económica», «unas desigualdades que -entiende- son el resultado de siglos de rechazo, racismo, discriminación y marginación».

Tras estas constataciones, el Gobierno asegura que encara este aniversario y su declaración no solo como un acto de memoria histórica sino como un «compromiso institucional» para «combatir las desigualdades que aún persisten» y para «actuar con mayor determinación en la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y democrática», algo que entiende debería garantizar «un futuro más equitativo y justo para el pueblo gitano y, por ende, para toda la sociedad española».

El Ejecutivo recuerda que el año que ahora termina puso en marcha la Comisión de Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano, que en la actualidad elaborará un informe que debe aportar medidas para aplicar a esta comunidad «los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición», y que desde 2021 existe una Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano en cuyo diseño y ejecución subraya que han sido «fundamentales» las organizaciones y asociaciones romaníes existentes en España.

La declaración institucional destaca otras tres iniciativas gubernamentales aprobadas en los últimos años para revertir esta injusticia histórica. Las dos primeras son la aprobación, en 2022, de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que, además de toda una batería de medidas para evitar y castigar esta marginación, introduce en el Código Penal (en los artículos 22.4ª y 51) el antigitanismo como circunstancia agravante de los delitos y como finalidad constitutiva de un delito de odio específico contra los miembros de esta etnia. La Ley de Empleo, aprobada en 2023, asegura, también identificó a las personas gitanas como colectivo de atención prioritaria a todos los efectos.