La ‘emergencia climática’ obligará a crear zonas de bajas emisiones en las ciudades

Uno de los aspectos concretos comprende una «fiscalidad verde», que reconozca la protección del medio ambiente. No necesariamente recaudatorio pero sí disuasoria, mantuvo Montero, para que en 2050 la economía sea neutral en carbono. En concreto, «no habrá nuevos subsidios a combustibles fósiles y se revisarán los que existen», dijo Ribera. En cuanto a los vehículos, diésel o de gasolina, el Ejecutivo quiere obligar a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones.

Y que los coches tengan «cero gramos de emisión de CO2» a partir de 2050, como ha aprobado la Comunidad Europea. Si cambiara de criterio y acelerara la transformación, España seguiría esas directrices restrictivas. Además habrá regulaciones de movilidad y una revisión fiscal para la industria automovilística, que ayude a transformar todo el sector con una «actualización de la economía».

También se emitirán bonos de «deuda verde», se desarrollarán políticas inclusivas y planes de sostenibilidad, salud, medio ambiente, investigación y desarrollo, con una estrategia para la preservación de la costa. «No partimos de cero», exhortó Ribera. «Debemos ser más rápidos y ambiciosos».

La transición social y política implica una fuerte inversión, tanto pública como privada, y se abren grandes oportunidades de negocio, sobre todo en el área energética, donde ya toman posiciones las grandes empresas españolas del área. Sólo en fondos europeos España recibirá más de 300 millones de euros, siendo el octavo país más beneficiado del fondo de transición climática de la UE, que repartirá 7.500 millones entre los socios hasta 2027.

Con la declaración de la emergencia, el Ejecutivo quiere «mostrar el compromiso firme al desarrollo de políticas transversales» que lleguen a todo el ámbito gubernamental. «No abordar este desafío es enormemente regresivo y costoso», aseguró Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ayer en Madrid.

La prioridad de la transición económica enfocada a la mitigación del impacto del cambio climático se manifiesta en que la declaración de la ‘emergencia climática’ ha sido uno de los primeros anuncios de Sánchez en persona (durante una entrevista el lunes) y que ha preferido crear una vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en manos de Teresa Ribera, que ya ocupaba la cartera de Transición Ecológica, antes que dejar esa responsabilidad en las de Pablo Iglesias, encargado de la ‘agenda 2030’. «Se produce en el contexto de grandes cambios que son considerados ya como los más relevantes de la economía global», definió Ribera, sin ocultar el matiz financiero.

También de «sufrimiento» generado por los «riesgos visibles, que percibimos en cualquier rincón del planeta con independencia de que para unos sea más gravoso que para otros», dijo Ribera. La estrategia gubernamental incluye no sólo las cuestiones ecológicas y de equilibrio en los ecosistemas en peligro sino aspectos de «justicia social», como impulsar el feminismo y las cuestiones de género, supeditar las políticas públicas a la evidencia científica y contribuir a las ayudas económicas destinadas a los países en desarrollo afectados por los fenómenos naturales.

Para los primeros 100 días, Ribera anunció una nueva ley medioambiental, un plan nacional de adaptación, la definición de «la senda de descarbonización a largo plazo con respecto a 2050», elrefuerzo de la participación «inspirándonos en la experiencia de Francia con la creación de una asamblea ciudadana para aportar ideas», e «integrar la perspectiva de clima en el conjunto de los sectores productivos».

El paso del Ejecutivo viene avalado por una moción parlamentaria de 2019 pero Sánchez se propone unos «objetivos más ambiciosos», que corren contrarreloj. Habiéndose erigido como un abanderado de un ‘nuevo pacto verde’, el presidente se propone llegar con resultados a la próxima COP de Naciones Unidas, la edición 26 que se celebrará en Glasgow desde el 9 de noviembre. Allí se supone que los países asumirán compromisos concretos (eludidos en Madrid).

La «mayor ambición», exigida por Sánchez como anfitrión de la conferencia de las partes de Madrid, significaba reformar el uso de la tierra y los océanos, garantizar la seguridad alimentaria, avanzar en el feminismo mundial, impulsar a las naciones en desarrollo. Esto significa grandes desembolsos multilaterales y enormes inversiones. La transformación del sistema energético y del parque automovilístico nacional es sólo la punta de un gran iceberg cuya base se ramifica hacia un nuevo modelo de colaboración internacional. A partir de hoy, vivimos en emergencia climática.