El Gobierno declara la guerra al 'narco' del Estrecho al prohibir las planeadoras

Y no era tan difícil. Finalmente ha bastado que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-Ley para declarar la guerra al 'narco' del Estrecho, principal afectado por esta prohibición. La posibilidad de usar un mero decreto ya había sido apuntada hace años, y de forma reiterada, por los juristas de Interior, dado que para la prohibición de la fabricación, uso o reparación de una embarcación no era necesaria ni siquiera una ley, como había previsto el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, este decreto hace decaer anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando presentado el pasado mes de julio y cuya medida estrella era precisamente la prohibición de las narcolanchas.

El nuevo decreto, explican los mandos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Cádiz, no va a terminar, ni mucho menos, con el tráfico de estupefacientes en el Estrecho, pero sí que va a poner las cosas mucho más difíciles a los narcos. Tanto, que, en cuanto entre en vigor la nueva normativa, las fuerzas de seguridad podrán allanar los chalets y embarcaderos que los capos de la droga tienen los ríos que desembocan en la bahía de Algeciras (como el Guadarranque o Palmones) donde guardan sus 'gomas', hasta ahora sin ningún problema y de forma legal.

La normativa, en síntesis, veta la posesión de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad de más de ocho metros de eslora, «así como a las de longitud igual o inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios» y a cualquier otra «embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales enumerados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando». Según explican expertos de Vigilancia Aduanera, quedan prohibidas por tanto las barcas que superan los 100 kilómetros por hora o con más de 204 caballos de potencia.

El texto aprobado por el Gobierno establece un «régimen de excepciones», que, en cualquier caso, hará casi imposible la tenencia de una estas planeadoras, porque las semirígidas solo podrán ser legales si están adscritas a la defensa nacional, si son de titularidad de alguna administración española o internacional, si son de salvamente, si son embarcaciones de Estado extranjeras «que se encuentren legalmente en aguas españolas» o si son embarcaciones auxiliares de grandes.

En cualquier caso, la Administración, creará el 'Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad', ubicado en la Agencia Tributaria, en el que podrán pedir la inscripción los ciudadanos si demuestran por un motivo reglado la necesidad de poseer una de estas embarcaciones (como pudiera ser su uso deportivo en lagos o ríos).

«La excepcionalidad, urgencia, gravedad y relevancia del problema justifican la tramitación de un Real Decreto-ley, pues es necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley», defendió este viernes el Ejecutivo, que recordó que desde 2012 a septiembre de 2018 las organizaciones de narcotraficantes han intentado introducir más de 165 toneladas de hachís utilizando este tipo de embarcaciones y se ha procedido por Vigilancia Aduanera a la intervención de 81 embarcaciones y a la detención de 282 personas.