¿Qué futuro tendrá la ley del más débil?

Hoy por hoy, Margarita se lo piensa dos veces antes de aconsejar la denuncia en un caso de violencia sexual, aunque en su calidad de directora de la institución para la sanación y prevención del abuso sexual infantil (Aspasi), reconozca que debe hacerlo. «Vivimos en una sociedad muy garantista y demostrar estos ataques no siempre es fácil, porque un tocamiento no es lo mismo que una penetración, porque algunas agresiones vienen disfrazadas de actos amorosos o porque el abusador procura borrar las huellas que deja a su paso».

Está además la ineficacia de ciertos protocolos supuestamente ideados para proteger a la víctima y que consiguen el efecto contrario. Ahí va uno. «Pretendemos que un niño confíe en el psicólogo forense, un desconocido, y que le describa en 20 minutos y con todo lujo de detalles el infierno por el que acaba de pasar. Y esto no funciona así. A mí me lleva tres sesiones que se abra, y eso en un entorno amigable, sirviéndome de guiñoles, de juegos; no en un despacho con adultos, luz y taquígrafos». Con tiempo.

Pero hay más. El miedo al qué dirán, la vergüenza... «Cuando a los chavales se les expone demasiado, el remedio es peor que la enfermedad. Muchos padres, ante la peligro de revictimizar a un hijo, lo dejan correr. Y lo hacen para protegerlo», abunda Margarita. Un informe de la asociación de Mujeres Juristas Themis advierte en este sentido que la mayoría de los informes psicológicos realizados a estos niños se realizan para valorar la credibilidad de su testimonio y no para determinar los daños que han podido sufrir.

«Arañar la corteza de alguien que se cierra en banda cuanto más cruenta ha sido la agresión requiere de paciencia, no digamos ya cuando ésta parte de alguien de su círculo que tiene sobre él un ascendente. Si esto es difícil con apoyo de la familia -dice la psicóloga-, imagínese cuando el abusador es un abuelo, un tío, un padre, sin armas para desmontar la máscara de alguien que es, además de manipulador, su sostén».

La norma aprobada el jueves en el Congreso, concebida como un gran paraguas donde caben desde los cachetes hasta la prostitución infantil, tiene su vertiente más reconocible en la violencia sexual. Para estos casos y para todos los demás cobran relieve medidas como aumentar la prescripción de los delitos (que empezarían a descontar cuando la víctima tenga 35 años y no 18 como hasta ahora, para darle más tiempo a romper su silencio), la eliminación del Síndrome de Alineación parental (que permitía retirar la custodia a la madre con la argumentación de que manipulaba a los hijos en contra del padre) o el refuerzo del Registro Central de Delincuentes Sexuales (en 2019 se detectó a 570 adultos con antecedentes que dejaron de estar a cargo de niños).

Ninguna, sin embargo, parece tan relevante - y necesitada de recursos- como la prueba preconstituida, consistente en que los menores declaren sólo una vez (hasta los 17 si es en calidad de víctimas; hasta los 14 si intervienen en el proceso como testigos), no en sede policial, y que esa grabación se repita luego en la vista oral ante el juez y las partes, junto con los informes psicológicos.

La figura no es nueva -ya se utiliza en el 14% de los casos que han llegado a juicio-, pero se pretende darle un decidido impulso para reducir la victimización de los niños, que hasta ahora debían declarar tres o cuatro veces antes de que se celebrase un proceso que puede demorarse tres años desde que se denuncian los hechos. Se quiere también que esos recuerdos no se distorsionen con el paso del tiempo, con el consiguiente perjuicio para determinar lo ocurrido y para quien merece una reparación.

Una herramienta, subraya Luis Carlos Nieto, juez de Menores, necesitada de un sistema de administración de justicia donde haya «una estrecha interacción entre las instancias jurídicas, educadores sociales y psicólogos. Sin buenos equipos técnicos todo esto está condenado al fracaso, porque el juez por sí solo no va a poder determinar nada». Una apuesta, subraya el magistrado, que «es determinante si no queremos que la norma quede en un brindis al sol».

Sabe de lo que habla y más desde su atalaya en una plaza mesetaria como es Ávila, donde los medios no abundan. Nieto aplaude la ley, aunque considera que lo que primero se impone es un cambio de paradigma, «desterrar presunciones del tipo 'el chaval se lo habrá inventado' o 'es que dice tonterías'. «No es que haya que invertir el marco procesal, lo que hay que hacer es dejar de tratar al menor como un ciudadano de segunda y, cuando da la voz de alarma, investigar con igual empeño que si fuera un adulto».

Nahia Llona es abogada especializada en infancia y tiene sus dudas de que el sistema esté preparado para una ley tan ambiciosa. «El papel lo aguanta todo, pero por mucho que hablemos de 'espacios amigables', como refiere la ley, los juzgados son lugares tremendamente hostiles. Los jueces, los abogados, el Ministerio Fiscal, los propios equipos técnicos... son personas que, por mucha sensibilidad que tengan, libran una batalla diaria contra la falta de medios y viven un tremendo estrés. Personalmente creo que si nos dedicáramos menos a retocar la Ley orgánica del Poder Judicial y a crear juzgados especializados, y dotáramos de más medios a los que ya existen, nos iría mejor».

La abogada considera que «una ley debe recoger la realidad de un país y que en este hay clamorosas diferencias entre las especialidades que se puedan atender en una capital importante o en un pueblo de Lugo, donde con suerte habrá un juzgado mixto de instancia e instrucción y un juez al que sólo quepa desearle mucha suerte». Pero hay otro ingrediente esencial -desliza Llona- y es que para que la nueva ley tenga éxito, los servicios sociales tienen que ser un mecanismo bien engrasado «y eso, cuando están transferidos a las comunidades y cada una funciona como un pequeño reino de taifas, es complicado», con lo que la carta de derechos va a ser totalmente distinta de un sitio a otro.

Con estos mimbres, no parece que todos los niños españoles sean iguales ante la ley. «Evidentemente, no», corrobora Fernando de la Fuente, experto penalista y antes que en Madrid juez en Arganda del Rey, donde había una demora de un año para hacer informes a menores y a víctimas de violencia de género. «Le pondré un ejemplo. En los pueblos pequeños hay un psicólogo forense que se desplaza desde la ciudad y al que a veces no le queda otra que cumplir con su cometido por videoconferencia, mientras que en Madrid ese mismo chaval está sujeto a una revisión multidisciplinar y se dispone de uno o dos meses para elaborar el informe. Resolver este desfase implica una dotación económica brutal y un cambio radical de estructura».

Sin perjuicio de esto, De la Fuente rompe una lanza a favor del nuevo marco jurídico. Y no sólo porque se victimiza al menor lo mínimo posible -y respetando la presunción de inocencia de quien sólo puede ser condenado cuando hay pruebas en su contra-, «sino porque hasta ahora se había legislado a golpe de caso, y eso había dado lugar a múltiples normas, dispersas y cada una en una dirección distinta». Ahí está la decisión de elevar a 16 años la consideración de menor por quien es objeto de abusos, recogida ya en la modificación del Código Penal de 2015 e incluida en el nuevo texto. La ley es un intento «loable», califica él, como todo lo que avance en la protección de los menores, un colectivo estigmatizado y sobre el que a menudo se arroja una sombra de duda del tipo 'Vete tú a saber si lo que dice es verdad'.

«La ley es ambiciosa, sí, porque es lo que tiene que ser», apunta Cristina Sanjuán, técnico de Save the Children, que aplaude los mecanismo introducidos para que un niño pueda denunciar y hacerlo con una única entrevista, en un entorno adaptado y disponiendo del tiempo necesario para hacerlo con garantías y con profesionales especializados. También para que identifique las señales de peligro cuando éste se produce, como la 'ley del silencio' que impone el agresor mediante engaños y que no son sino parte de su estrategia para mantener su dominio.

Tan importante como adiestrar a la víctima es hacerlo con su entorno. El informe de Themis refería que sólo en el 4,2% de los casos de violencia sexual el primer paso había partido de los colegios o los centros de acogida. «Es necesario que los educadores tengan un protocolo claro de actuación -detalla Sanjuán-, que sepan qué pasos dar, porque la realidad es que muchas veces no saben qué hacer».

La norma, sostiene, «pone un gran peso en la prevención, que es donde está la clave, porque cuando tenemos noticia de un caso es porque ya llegamos tarde. Y lo hace a través de la educación, de campañas de concienciación, de una mayor sensibilización». Enlaza así con las tesis de Margarita García, que echa en falta más sensibilidad, pero también más formación y comunicación: «El niño tiene que conocer su cuerpo e identificar qué partes están reservadas sólo a él, de manera que cuando algo le haga sentirse mal pueda compartirlo con sus padres o con quien se sienta seguro». El tiempo dirá si esa llamada de auxilio obtiene eco.