La Fiscalía estudia prohibir el acceso a redes sociales en caso de delito de odio grave

Los comentarios en redes sociales contra los menores migrantes a raíz del asesinato de Mateo, el niño de 11 años que fue apuñalado en Mocejón (Toledo) siguen generando polémica. La Fiscalía ya anunció este martes, 20 de agosto, que iba a abrir diligencias por los mensajes «falsos» y de «odio» en los que se señalaba a este colectivo como autores del crimen, algo que se desmintió tras la confesión de un joven de 20 años que se encuentra bajo poder policial. Ahora, el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha dado un paso más allá. Considera que es necesario prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio «en los casos más graves» y que los usuarios estén «debidamente identificados».

Aguilar considera que es necesario introducir mejoras legales para perseguir más de cerca este tipo de delitos y poder dar con los autores de unos mensajes que acaban corriendo como la pólvora. «Con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar, pero indudablemente que algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisaremos», ha explicado en relación a la posibilidad de reformar el Código Penal para regular este asunto.

El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación considera que sería «proporcionado» y «necesario» cerrar el acceso a las redes sociales a «aquellas eprsonas que se han servido de utilizar internet para la comisión de un delito». No obstante, ha apuntado que esta medida se aplicaría a «los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto».

Sin embargo, el problema es que muchos de los usuarios que lanzan este tipo de mensajes a través de las redes sociales es que lo hacen sin usar su nombre ni una imagen de perfil con la que puedan ser identificados. Por este motivo, Aguilar cree que es necesario que «cuando lo requiera la autoridad judicial», las plataformas «faciliten» quién hay detrás de cada cuenta. «Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor», ha indicado

Pero se trata de una medida que aún no existe. Por ello, para el caso de Mateo, según ha apuntado el fiscal, será necesario, primero, investigar los perfiles de los usuarios de redes y los contenidos que han difundido para ver «la entidad y gravedad de los mismos». En este sentido, considera que es necesario «analizar cada caso concreto» y una investigación de los fuerzas de seguridad del Estado «muy rigurosa». «Una vez que tengamos todas las piezas del puzzle es cuando se puede hacer una valoración de si esos hechos tienen una trascendencia jurídico-penal», ha expuesto.

Aunque Aguilar no está seguro de sí los mensajes lanzados contra los menores migrantes por el asesinato del niño de Mocejón forman parte e una campaña de «odio» liderada por alguien, sí cree que existe una estrategia, organizada o no, de criminalizar «sobre todo a sectores muy vulnerables de la sociedad, a los migrantes, a los menores no acompañados».

«Afortunadamente la sociedad es inteligente, sabe perfectamente, no solo por nuestra propia historia, que hemos sido una población migrante y que nuestros padres o familiares han migrado a otros países, a Latinoamérica, a Europa en los años 60, etcétera, la importancia que tiene la inmigración y los rendimientos positivos que está dando a España en términos de convivencia, de riqueza cultural, gastronómica, productiva... Por tanto, hay que lanzar un mensaje positivo y de esperanza de que la sociedad española sabrá situar este tipo de comportamientos en su lugar», ha celebrado.

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