Cecilia CUerdo
Sevilla
Lunes, 11 de febrero 2019, 20:35
Europa demuestra una férrea vigilancia sobre los riesgos que amenazan Doñana. Después de la denuncia a España por la desprotección del humedal, ahora es el turno para el gaseoducto y almacén de gas que una empresa privada pretende construir a las puertas del parque nacional. ... La misión europea que visitó la zona el pasado mes de septiembre no parece tenerlo muy claro, y en el borrador preliminar que elabora reclama a las autoridades que «realicen una evaluación complementaria y combinada de los cuatro subproyectos» en los que se divide.
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El documento es aún un informe preliminar y deberá debatirse en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo el próximo día 20 de febrero, tras lo cual se abrirá el periodo de alegaciones antes de su aprobación definitiva a mediados de marzo. No obstante, y tras reunirse durante una semana con ecologistas, administraciones y asociaciones empresariales, los europarlamentarios parecen darle la razón a los primeros. Según consta en el documento, subrayan la conveniencia de reclamar un «análisis necesario de los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto en su conjunto».
Así, solicitan que se «realicen una evaluación complementaria y combinada de los cuatro subproyectos» en los que se dividió el gaseoducto para agilizar su tramitación, denominados Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, y «que se incluya también una evaluación sísmica». Por último, piden a las autoridades que «apliquen el principio de precaución» a fin de «preservar este ecosistema único», además de apuntar la «necesidad de explorar medidas que respeten el procedimiento legal y brinden la máxima seguridad jurídica y garantías para las partes involucradas».
Los europarlamentarios también hacen mención al problema del agua, y tal y como consta en la demanda planteada por la UE ante el Tribunal de Justicia Europeo contra España, reclaman que se vigile de cerca la situación del parque y se ponga en marcha «un plan de acción integral para la recuperación del acuífero, para cerrar los pozos ilegales y para detener de inmediato la extracción de agua existente y la extracción ilegal».
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